La restricción impuesta por la administración Trump a la Universidad de Harvard, impidiendo la matriculación de estudiantes extranjeros, marca un punto álgido en un conflicto que se ha intensificado en los últimos meses. Esta medida, sin precedentes en la historia reciente de la educación superior estadounidense, genera preocupación sobre el futuro de la internacionalización de las universidades y el intercambio académico global, pilares fundamentales para la innovación y la diversidad cultural.
Según la investigación publicada por Gestión, la decisión fue formalizada a través de una carta dirigida a la institución educativa y firmada por Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Interior, en la cual se anuncia la revocación inmediata del programa de Estudiantes y Visitantes Extranjeros de Harvard.
La administración Trump justifica esta acción basándose en acusaciones de antisemitismo en el campus, la supuesta falta de apertura a discursos “alternativos” y la implementación de programas de inclusión sexual y racial. Noem, en su cuenta de X, afirmó que Harvard “tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto” y que su “incumplimiento de la ley” resultó en la pérdida de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), sistema crucial para la llegada y estudio de estudiantes internacionales en Estados Unidos. Según datos de ShunStudents, en el último ciclo académico, Harvard albergaba a cerca de 6,800 estudiantes extranjeros, representando el 27.2% de su población estudiantil total.
La escalada entre el gobierno y la universidad se manifiesta en acusaciones graves. Noem acusa directamente a Harvard de “fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”. Previamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había enviado una comunicación a Harvard, fechada el 16 de abril, solicitando información detallada sobre las actividades de los estudiantes internacionales, incluyendo su participación en protestas.
La respuesta de Harvard, según The Harvard Crimson, consistió en la presentación parcial de los registros disciplinarios de los estudiantes internacionales requeridos por Washington. Este episodio se enmarca en una política más amplia de la administración Trump de confrontación con las universidades, a las que acusa de permisividad ante el antisemitismo, especialmente a raíz de las manifestaciones propalestinas del año anterior. Además, se busca desmantelar programas de diversidad destinados a apoyar a las minorías.
En el ámbito financiero, la administración Trump ha anunciado recortes significativos en subvenciones federales a las universidades, ascendiendo a US$ 450 millones, que se suman a los US$ 2,200 millones ya recortados con anterioridad. Para el gobierno, la admisión de estudiantes extranjeros no es un derecho, sino un “privilegio” del que las universidades se benefician económicamente a través del pago de elevadas matrículas. El presidente Trump ha llegado a calificar a Harvard como una “institución de extrema izquierda y antisemita”, un “desastre progresista” y una “amenaza para la democracia”.
La confrontación legal también está en curso. Harvard presentó una demanda contra la administración el mes pasado, impugnando el intento del gobierno de imponer cambios en su plan de estudios, políticas de admisión y prácticas de contratación. Este conflicto, que tiene repercusiones significativas para la educación superior en Estados Unidos, sigue desarrollándose, y su desenlace impactará el futuro de la autonomía universitaria y la libertad académica.
