La sanidad pública se enfrenta a un problema creciente: el uso desmedido de apósitos de alto coste, elaborados a partir de placenta desecada, en pacientes de edad avanzada. Estos parches, diseñados para tratar heridas de difícil cicatrización, alcanzan precios exorbitantes, llegando a miles de dólares por pulgada cuadrada.
Según la investigación publicada por The New York Times, la proliferación de estos productos, muchos de ellos sin estudios que avalen su eficacia, y un vacío legal en las regulaciones de Medicare, el programa de seguro médico para mayores, han generado un despilfarro millonario.
El reportaje revela un esquema preocupante: algunas empresas fabricantes de estos apósitos inflan artificialmente los precios, aprovechando las normas de Medicare. Posteriormente, algunos médicos adquieren estos productos con grandes descuentos, pero facturan a Medicare el precio completo, embolsándose la diferencia.
Esta situación ha provocado que muchos pacientes reciban estos costosos tratamientos innecesariamente. Expertos en el sector sanitario consideran que este fenómeno representa uno de los mayores ejemplos de derroche de fondos públicos en la historia reciente de Medicare. A diferencia de Medicare, las aseguradoras privadas rara vez cubren estos sustitutos de piel, argumentando la falta de evidencia científica sólida sobre su efectividad real y su necesidad clínica.
El análisis de datos de Medicare realizado por la consultora Early Read para The New York Times arroja cifras alarmantes. El gasto en estos apósitos superó los 10.000 millones de dólares en 2024, lo que representa más del doble de lo gastado en 2023. Este incremento exponencial pone de manifiesto la magnitud del problema y la urgente necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de cobertura.
La gravedad de la situación se evidencia aún más al comparar el gasto en estos apósitos con otros servicios médicos esenciales. Medicare destina actualmente más fondos a estos tratamientos que a servicios básicos como traslados en ambulancia, anestesia o tomografías computarizadas. Esta priorización cuestionable plantea serias dudas sobre la eficiencia y la equidad en la asignación de recursos dentro del sistema de salud público.
