La formalización minera en Perú enfrenta un nuevo capítulo con la reciente aprobación del reglamento de la Ley N.° 32213, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 009-2025-EM y publicado en el diario oficial El Peruano. Este reglamento busca consolidar la rectoría del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en la actividad minera a pequeña escala y artesanal, además de extender el plazo para la formalización integral. La medida ocurre en un contexto de persistentes críticas sobre la efectividad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y su posible vínculo con la minería ilegal, un problema que afecta gravemente regiones como Madre de Dios y Puno.
Según la investigación publicada por El Comercio, este reglamento, que consta de tres capítulos, 12 artículos, seis disposiciones complementarias finales, tres transitorias y tres modificatorias, detalla cómo el Minem ejercerá su rol rector sin duplicar funciones con otras entidades estatales.
Uno de los puntos más controvertidos del reglamento es la disposición que permite la transferencia del Reinfo por herencia. Esta medida ha generado fuertes críticas, incluso de figuras políticas como el exministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde, quien advierte que podría fortalecer economías ilegales en detrimento de la seguridad y el estado de derecho. El congresista Wilson Soto (Acción Popular), autor de un proyecto de ley que buscaba prohibir nuevas extensiones del Reinfo, también ha expresado su rechazo, calificando la medida como un “premio” a la informalidad.
En respuesta a estas críticas, el gobierno destaca la creación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), una plataforma que permitirá supervisar la trazabilidad de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados. Este sistema, administrado por la Dirección General de Formalización Minera del Minem, busca conectar diversas entidades estatales para facilitar la identificación de irregularidades y asegurar una formalización más efectiva. El acceso al SIPMMA será segmentado, ofreciendo información completa a las autoridades, datos específicos a los titulares mineros y estadísticas al público en general.
Adicionalmente, la norma establece que los trámites administrativos serán gestionados principalmente por el Minem, aunque se permitirá la colaboración de los gobiernos regionales a través de convenios específicos, previa evaluación y habilitación presupuestal. Se implementará también un Sistema de Ventanilla Única para agilizar los procedimientos de formalización, desde el registro hasta la autorización para operar. En un esfuerzo por transparentar el proceso, el Minem publicará en su sitio web la lista de personas que hayan completado exitosamente la formalización minera integral.
Es importante recordar que, en diciembre del año pasado, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N.° 32213, que extiende la vigencia del Reinfo hasta el 30 de junio de 2025, con la posibilidad de una prórroga de seis meses. Esta decisión, tomada en medio de la presión de gremios mineros informales, ha sido cuestionada por diversos sectores y organismos especializados, incluyendo al relator especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana, quien ha señalado que el Reinfo “genera desprotección de derechos, fomenta la impunidad y el crimen organizado”. El uso de mercurio en la minería artesanal, y la exención de responsabilidad penal asociada al Reinfo, son puntos particularmente criticados.
A pesar de las controversias, el Ejecutivo sigue adelante con la implementación de la ley, buscando, a través del reglamento, reforzar el papel del Minem y establecer herramientas para una formalización más eficiente. Sin embargo, las dudas persisten sobre la verdadera efectividad y el control real de esta política pública, especialmente en un contexto donde la minería ilegal continúa siendo un desafío significativo para el país.
