Según la investigación publicada por El Comercio, la inacción de las autoridades, desde el primer reporte de la desaparición de los trabajadores el 26 de abril hasta el hallazgo de los cuerpos el domingo 4 de mayo, ha generado indignación y cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas implementadas para combatir la criminalidad en la zona.
Las declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, han sido objeto de especial escrutinio. Inicialmente, Adrianzén calificó la información sobre el secuestro de los trece trabajadores de la empresa R&R como “una falsa alarma”, argumentando la ausencia de denuncias formales. Esta afirmación contrasta con el posterior reconocimiento de una denuncia verbal recibida en Huamachuco el 29 de abril, aunque sin detalles específicos sobre el secuestro o la exigencia de un rescate de 4 millones de soles. La tardanza en la confirmación de la información, pese a los patrullajes del Ejército y la Policía en la zona, alimentó las críticas sobre la falta de diligencia del gobierno.
La presidenta Dina Boluarte, por su parte, defendió la actuación del Gobierno, asegurando que se tomaron medidas desde que se tuvieron los primeros “rumores” sobre el secuestro, y rechazó los intentos de censura contra el jefe del Gabinete Ministerial u otros ministros. Sin embargo, la versión oficial se contrapone con las declaraciones del general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial de La Libertad, quien el 29 de abril admitió la ausencia de una denuncia formal, a pesar de las afirmaciones de los familiares de las víctimas sobre haber reportado el secuestro.
El reportaje también señala la poca visibilidad del ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, y del comandante general de la Policía, general PNP Víctor Zanabria, en medio de la crisis. Mientras que Díaz Zulueta solo ha concedido una entrevista a TV Perú desde su asunción al cargo, Zanabria viajó a Chile para participar en el aniversario de los Carabineros y fue visto en una fiesta en Lima, generando cuestionamientos sobre sus prioridades en un momento crítico para la seguridad ciudadana. Además, se cuestiona un viaje previo de Zanabria a Colombia acompañado por una suboficial PNP.
Frente a la gravedad de la situación, el analista político Iván Arenas propone declarar en estado de emergencia todo el corredor minero ilegal, que abarca diversas provincias de La Libertad, y sugiere incluso la implementación del estado de sitio en Pataz. Arenas advierte que la minería ilegal se ha infiltrado en diversos sectores, incluyendo la política, financiando campañas de autoridades locales y congresales, lo que dificulta aún más la lucha contra esta actividad ilícita. La masacre de Pataz, en este contexto, se convierte en un símbolo de la urgencia de una respuesta integral y contundente por parte del Estado.
