El expresidente Martín Vizcarra ha negado enfáticamente las declaraciones del exministro de Agricultura y colaborador eficaz, José Manuel Hernández, quien lo acusó de haber recibido S/1.300.000 de la empresa ICCGSA en el marco de la adjudicación para la construcción del Hospital de Moquegua en 2013. En declaraciones a Canal N, Vizcarra defendió su inocencia, señalando que las afirmaciones de Hernández carecen de sustento probatorio.
La defensa de Martín Vizcarra
Vizcarra enfatizó que las declaraciones de Hernández se basan en conjeturas y no en evidencia concreta. “La justicia debe basarse en hechos, no en dichos. Aquí no hay ningún hecho que lo corrobore. No puede darse el caso de que un consorcio, compuesto por dos empresas, tenga un socio que no sepa absolutamente nada de lo que ocurre”, afirmó.
En su defensa, el expresidente destacó que incluso el gerente administrativo del consorcio constructor, representado por la empresa italiana Astaldi, negó conocer cualquier irregularidad en el proyecto. “El señor Scarfo, quien fue gerente administrativo del consorcio, desconoce absolutamente todo sobre estas acusaciones”, añadió.
Vizcarra también cuestionó la credibilidad de Hernández, señalando que sus declaraciones están motivadas por su estatus de colaborador eficaz, una figura que permite reducir penas a cambio de información relevante en casos judiciales.
La acusación del colaborador eficaz
Durante el juicio oral, José Manuel Hernández describió una supuesta conversación en la que Vizcarra habría solicitado un “premio” de S/1.300.000 a cambio de no impugnar la adjudicación del hospital. Según Hernández, Vizcarra lo instó a coordinar directamente con Rafael Granados, representante de ICCGSA.
“En esa conversación, Vizcarra me pregunta si conocía a los empresarios y si eran serios, pero también mencionó algo sobre ‘un premio’. Cuando le pedí que me explicara, me habló de S/1.300.000. Luego, le comenté esto a Granados, quien tuvo que consultar con los empresarios para confirmar el pago”, relató Hernández.
Hernández agregó que el monto fue entregado en efectivo en un sobre, aunque aclaró que él mismo no verificó su contenido. Según su testimonio, el dinero fue trasladado a la casa del entonces gobernador regional por su chofer.
Las claves del caso y el debate jurídico
El caso de Martín Vizcarra se centra en el presunto delito de cohecho pasivo propio, por el cual la Fiscalía busca demostrar que el expresidente habría recibido sobornos a cambio de beneficios contractuales. Vizcarra, por su parte, insiste en que las acusaciones no tienen fundamento, y que el proceso está basado en relatos sin evidencia física que los respalde.
Especialistas legales han señalado que la figura del colaborador eficaz es clave en casos de corrupción, pero advierten que debe estar respaldada por pruebas concretas. Según el abogado penalista César Nakazaki, la validez de estas declaraciones depende de que la Fiscalía logre corroborar los hechos con documentos, registros o testimonios adicionales.
Un historial de cuestionamientos
Martín Vizcarra, quien gobernó el Perú entre 2018 y 2020, ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción relacionadas con su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014). A pesar de ello, Vizcarra ha mantenido su postura de inocencia, argumentando que las denuncias en su contra son parte de una persecución política.
En su defensa, Vizcarra ha subrayado que su administración como gobernador se caracterizó por la transparencia y la ejecución de proyectos emblemáticos en Moquegua, incluido el hospital que ahora es motivo de controversia.
La perspectiva pública y política
El caso contra Vizcarra ha polarizado a la opinión pública, ya que el expresidente sigue siendo una figura relevante en la política peruana. Si bien muchos valoran su lucha contra la corrupción durante su mandato, otros cuestionan la congruencia de su discurso frente a las acusaciones en su contra.
Analistas políticos destacan que este caso es un ejemplo del desafío que enfrenta el sistema judicial peruano para investigar a altos funcionarios por corrupción. La figura del colaborador eficaz, aunque útil, debe aplicarse con rigor para evitar que se utilice como una herramienta para obtener beneficios personales a cambio de declaraciones dudosas.
Reflexión final
El proceso judicial contra Martín Vizcarra pone a prueba no solo su credibilidad como exmandatario, sino también la capacidad del sistema judicial para desentrañar casos complejos de corrupción. Mientras la defensa insiste en la falta de pruebas concretas, la Fiscalía deberá demostrar que las acusaciones de José Manuel Hernández tienen un sustento sólido más allá de los dichos.
