La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ha resuelto recientemente que la medida de comparecencia con restricciones impuesta al expresidente Martín Vizcarra sea reemplazada por una comparecencia simple, debido a la caducidad del plazo previsto por la Ley 32130, que establece un límite máximo de 36 meses para este tipo de medidas cautelares. Esta decisión, adoptada tras un recurso de apelación interpuesto por la defensa de Vizcarra, surge en el contexto de un proceso penal en el que el exmandatario está siendo investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en perjuicio del Estado. El tribunal fundamentó su resolución en el hecho de que, desde que se dictó la medida en marzo de 2021, ya han transcurrido 45 meses, excediendo el plazo legalmente permitido. Según David Solar Silva para Infobae
El fallo subraya que, con la entrada en vigencia de la Ley 32130, ninguna medida restrictiva puede prolongarse indefinidamente, ya que tal práctica podría vulnerar derechos fundamentales. “El tribunal reitera la necesidad de respetar los plazos establecidos en las normativas procesales, con el fin de evitar que las medidas cautelares sean utilizadas más allá de los plazos previstos por la ley”, señalaron en su resolución. La sentencia también recalca que este tipo de decisiones busca evitar la prolongación injustificada de las medidas cautelares que afecten a los derechos de los imputados, en especial cuando ya se ha superado el límite temporal establecido.
A partir de esta resolución, Martín Vizcarra continuará su proceso bajo el régimen de comparecencia simple, lo que implica que no tendrá restricciones adicionales, como la obligación de firmar en un registro o la prohibición de viajar al extranjero. Esto también indica que, en lo que respecta a esta medida cautelar, se considera que no existen elementos suficientes que justifiquen la imposición de restricciones adicionales. Sin embargo, esto no implica que el proceso penal en su contra haya llegado a su fin, ya que continúa pendiente de resolución judicial. En otras palabras, la decisión del tribunal no tiene un impacto directo sobre el fondo del caso, sino más bien sobre el tipo de medida cautelar que debe aplicarse en función del plazo establecido por la ley.
La ley detrás de la medida: La Ley 32130
La Ley 32130, que rige los plazos para las medidas cautelares en el sistema judicial peruano, tiene como objetivo garantizar que las personas sometidas a un proceso penal no sufran medidas desproporcionadas ni se vean sujetas a restricciones más allá de lo razonable. Esta legislación establece un límite máximo de 36 meses para las medidas de comparecencia con restricciones, lo que significa que, en el caso de Vizcarra, este tipo de medida debía cesar en marzo de 2024. La prórroga de más de un año fuera de este marco de tiempo fue la que motivó la resolución de la Tercera Sala Penal, que resolvió la cesación de la medida restrictiva a favor de la comparecencia simple.
El tribunal recordó que, “la caducidad de los plazos para las medidas cautelares es una herramienta fundamental para garantizar la estabilidad jurídica y proteger los derechos de los procesados, evitando el abuso de la potestad del Estado”. Con esta declaración, se reforzó la necesidad de aplicar la ley de forma estricta y acorde con los principios constitucionales, especialmente en lo que respecta a la presunción de inocencia y la protección de derechos fundamentales.
El proceso penal contra Vizcarra: Cohecho pasivo propio
El proceso penal contra Martín Vizcarra se desarrolla en el marco de una investigación por el presunto delito de cohecho pasivo propio, relacionado con actos de corrupción durante su gestión como presidente de Perú. De acuerdo con la acusación, el expresidente habría recibido pagos ilegales por parte de empresas contratistas del Estado, a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Este caso es solo uno de varios que han marcado la vida política de Vizcarra desde que dejó el cargo presidencial.
“Los hechos que se le imputan son de gravedad y el proceso está en pleno desarrollo. La decisión del tribunal sobre la cesación de la medida de comparecencia con restricciones no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidad, sino como un cumplimiento de las disposiciones legales sobre los plazos para medidas cautelares”, indicó uno de los expertos en derecho penal consultados.
La inhabilitación política: ¿por qué Vizcarra no puede postular a la presidencia?
Martín Vizcarra ha reiterado en diversas ocasiones su deseo de regresar a la política y participar en las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, su carrera política está gravemente afectada por varias inhabilitaciones impuestas por el Congreso de la República. Tras la revelación del escándalo conocido como “Vacunagate”, en el que se descubrió que Vizcarra y algunos de sus allegados recibieron la vacuna contra el COVID-19 de manera irregular, el Congreso aprobó un juicio político en su contra.
Este juicio culminó en la aprobación de una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos, dictada en 2021 por el Congreso. La acusación en su contra se basó en la infracción de diversos artículos de la Constitución, particularmente aquellos relacionados con la responsabilidad del Estado en la provisión equitativa de los servicios de salud. Este fallo fue apoyado por 86 votos a favor, lo que reflejó el fuerte rechazo hacia el expresidente en el Legislativo.
Sin embargo, la situación de Vizcarra empeoró en 2022, cuando el Congreso amplió su inhabilitación por un período adicional de cinco años, en este caso, por supuestos favores otorgados a la empresa Obrainsa durante su periodo como ministro de Transportes y Comunicaciones. “Estas inhabilitaciones políticas, aunque impuestas por el Congreso, han sido ratificadas por el Tribunal Constitucional, lo que consolida la imposibilidad de Vizcarra para postular a la presidencia en los próximos años”, explicó un analista político.
La situación legal y política de Vizcarra: Un panorama complejo
A pesar de los avances judiciales en su proceso penal, la situación política de Martín Vizcarra sigue siendo incierta. Si bien la medida de comparecencia con restricciones ha sido modificada a comparecencia simple, las inhabilitaciones que pesan sobre él siguen siendo un obstáculo insalvable para su participación en las elecciones de 2026. Además, su imagen y credibilidad ante la ciudadanía se han visto severamente afectadas por los escándalos de corrupción que han marcado su gestión.
“El caso de Vizcarra es un claro ejemplo de cómo el sistema judicial y político pueden estar entrelazados, y cómo las decisiones judiciales pueden influir en la carrera política de un exfuncionario público”, afirmó el politólogo Manuel Rodríguez. A pesar de ello, los seguidores de Vizcarra insisten en su inocencia y en su derecho a reincidir en la vida política, lo que mantiene el debate sobre su futuro y el de su partido político en el centro del escenario político peruano.
La historia de Martín Vizcarra es un testimonio de los desafíos que enfrentan los políticos en el Perú, donde las decisiones judiciales pueden tener un profundo impacto en su carrera política, y donde las tensiones entre el poder judicial y el poder legislativo siguen siendo un tema de debate constante. A medida que el proceso judicial de Vizcarra avance, quedará claro cuál será su destino en la política nacional, aunque los obstáculos legales y las inhabilitaciones parecen cerrar, por el momento, el camino a un posible regreso presidencial.
