El expresidente Martín Vizcarra fue declarado en prisión preventiva por cinco meses por presuntamente haber recibido sobornos que superan los S/2 millones durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La medida fue ordenada por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien consideró que existen riesgos de fuga y de obstaculización del proceso.
“Existe peligro procesal, existe peligro de fuga, sustentado en falta de arraigo laboral y familiar, un comportamiento cuestionable y una pena posible a imponer”, señaló el magistrado durante la audiencia. Con esta decisión, Vizcarra será recluido en el penal de Barbadillo mientras continúa la investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
La Fiscalía, representada por el fiscal Germán Juárez, indicó que el exmandatario habría direccionado la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua a cambio de pagos ilícitos provenientes de las empresas Obrainsa e Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A. (ICCGSA).
Por su parte, la defensa de Vizcarra, encabezada por Erwin Siccha, anunció que apelará la medida y denunció un posible conflicto de interés. Siccha señaló que el juez encargado de la resolución está casado con una fiscal que forma parte del equipo especial Lava Jato, al cual también pertenece el fiscal Juárez Atoche.
Martín Vizcarra fue detenido inmediatamente después de concluida la audiencia en la que se le dictó cinco meses de prisión preventiva por orden del juez Jorge Chávez Tamariz. En las próximas horas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) definirá el penal en el que el expresidente deberá cumplir la medida cautelar.
Tras la resolución judicial, Vizcarra fue trasladado a la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lima, ubicada en la cuadra 2 del jirón Raimondi, en el distrito de La Victoria. Su abogado, Erwin Siccha, denunció que la audiencia que derivó en la prisión preventiva “es un fiel reflejo de cuando los jueces se someten a la presión política”, cuestionando la imparcialidad del proceso.
