El expresidente Martín Vizcarra enfrenta un pedido de reparación civil por S/575 mil, emitido por la Procuraduría General del Estado (PGE), debido a su implicación en la contratación irregular del personaje conocido como Richard Swing en el Ministerio de Cultura. La demanda también incluye a la exministra Patricia Balbuena, señalando que ambos compartieron responsabilidades en la asignación de un contrato de consultoría a pesar de que Swing no contaba con las credenciales requeridas.
El juez Juan Carlos Checkley, al frente del caso, ha declarado fundada la solicitud de la PGE, rechazando simultáneamente el recurso de oposición presentado por la defensa de Vizcarra. Este fallo sostiene que la demanda de la Procuraduría satisface los criterios necesarios conforme al artículo 100 del Código Procesal Penal, que regula los procedimientos en estos contextos.
Este episodio añade otra capa a la serie de controversias que han marcado la carrera política de Vizcarra, quien ya ha sido objeto de múltiples investigaciones por alegaciones de corrupción durante su mandato. El monto de la reparación civil buscado refleja la gravedad de las acusaciones en un contexto de creciente escrutinio sobre la integridad en el servicio público peruano.
