La fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), se ha quedado sin seguridad personal luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) le retirara el servicio debido a la suspensión de seis meses que enfrenta por parte de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. Esta medida fue comunicada el miércoles 16 de octubre por el comandante Víctor Oliva, jefe del Departamento de Protección de Funcionarios del Estado y Personalidades (DEPPFEP), quien informó a la fiscal que la protección personal quedaba temporalmente suspendida. El documento de la PNP argumenta que la suspensión se debe a la “medida cautelar de apartamiento preventivo” de Barreto, junto con su “remoción” como coordinadora del Eficcop.
Según un reporte de Luis Paucar en Infobae, Barreto ha sido investigada por la ANC tras ser acusada de presuntamente filtrar información confidencial en uno de sus casos, algo que la fiscal niega categóricamente. La fiscal, que considera esta suspensión “arbitraria y desproporcionada”, afirmó que no se le permitió presentar descargos previos antes de ser apartada de su cargo. Además, Barreto indicó que la decisión de la ANC afecta el trabajo crucial del Eficcop, que actualmente investiga casos de alto perfil, como el del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, a quien se le ha solicitado 36 meses de prisión preventiva por presunto tráfico de influencias.
Barreto ha defendido su trabajo y su compromiso con la justicia, declarando que estas acusaciones buscan desprestigiarla y desestabilizar el avance de las investigaciones a su cargo. “Defenderé mi verdad en todas las instancias pertinentes. Estas denuncias basadas en mentiras no doblegarán mi espíritu en la lucha contra la criminalidad”, señaló Barreto en declaraciones tras ser informada de la decisión.
La ANC basa la suspensión de la fiscal en informes difundidos por el programa Contracorriente de Willax, donde se la acusa de filtrar información al periodista Carlos Paredes y colaborar con otro fiscal del Eficcop en la publicación de un libro. En junio pasado, Barreto también presentó una denuncia por un presunto seguimiento irregular de tres policías que fueron sorprendidos fuera de su domicilio sin una razón clara, lo que agregó tensión a su situación.
La investigación que afecta a Barreto, iniciada el 2 de octubre, busca determinar si cometió el delito de revelación indebida de identidad y omisión de actos funcionales. Esta investigación preliminar tiene un plazo de 60 días y está centrada en las declaraciones de Paredes, quien afirmó que la fiscal le proporcionó información sobre una investigación al congresista Guillermo Bermejo, vinculado a una supuesta afiliación terrorista. La ANC también ha solicitado a medios de comunicación, como Willax y RPP, copias de las entrevistas relacionadas con el caso.
Este complejo escenario, en el que se mezcla la investigación judicial con el retiro de su protección personal, ha colocado a Barreto en una situación delicada. Mientras la fiscal mantiene su postura de inocencia, el Ministerio Público y la ANC continúan adelante con la investigación.
