La diplomacia peruano-colombiana se encuentra en un momento de tensión tras las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la soberanía peruana en la isla Chinería, específicamente en el distrito de Santa Rosa de Loreto. Este conflicto, que ha generado reacciones en ambos países, ocurre en un contexto de desafíos internos para el gobierno de Petro, incluyendo una baja aprobación y cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos.
Según la investigación publicada por El Comercio, la expresidenta del Congreso peruano, María del Carmen Alva, ha calificado las acciones de Petro como una “pataleta” destinada a desviar la atención de los problemas internos de su gobierno. Alva, quien también preside la Comisión de Reforma de la Justicia, considera que el mandatario colombiano carece de entendimiento tanto en diplomacia como en historia.
Alva enfatizó que la isla Chinería es territorio peruano desde hace mucho tiempo, un hecho respaldado por el Tratado Salomón Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro. Parlamentarios y exvicepresidentes colombianos también han expresado su desacuerdo con las declaraciones de Petro, reconociendo la validez de los acuerdos territoriales existentes. Este conflicto surge en un momento en que Colombia enfrenta retos económicos y sociales significativos, incluyendo la implementación de reformas políticas y agrarias.
La controversia se intensificó tras el hallazgo de una bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto, lo que ha sido interpretado como una provocación adicional. Alva instó a la Cancillería peruana a actuar con firmeza y seguridad, pero también con paciencia, buscando una solución diplomática a través de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF). Este mecanismo bilateral es visto como el canal adecuado para abordar la disputa.
Más allá de la crisis diplomática, Alva también se refirió al avance de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia que preside. La comisión, que ha sesionado en múltiples ocasiones y ha realizado visitas descentralizadas, busca diagnosticar los problemas del sistema judicial y recoger propuestas para su mejora. Se espera que en septiembre se presente un proyecto de ley de reforma constitucional, el cual se espera sea debatido y aprobado en el pleno del Congreso en noviembre. Este proyecto de reforma busca modernizar el sistema judicial peruano, agilizando los procesos y garantizando el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
Alva fue enfática en señalar que la reforma judicial no busca blindar a congresistas investigados, sino mejorar la administración de justicia en general. Subrayó que los procesos en curso contra parlamentarios seguirán su curso independientemente de la reforma. La fiscal de la Nación ha manifestado su apoyo a una reforma que fortalezca el sistema, siempre y cuando no implique una intervención indebida. La postura de Alva es que la comisión está trabajando con transparencia y buscando el consenso de todas las instituciones involucradas para lograr una reforma integral y efectiva.
