La Comisión Permanente del Congreso aprobó con 17 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones, el informe final que recomienda acusar y suspender a la congresista María Cordero por el presunto delito de concusión. Este informe, que sugiere además su inhabilitación para ejercer cargos públicos por violación a la Constitución, será sometido a votación en el pleno del Congreso.
La legisladora, que solicitó en dos ocasiones la reprogramación de la sesión por motivos de salud y la ausencia de su abogado, enfrenta acusaciones de recortar los sueldos de sus trabajadores. Según un reportaje de Punto Final, un extrabajador del despacho de Cordero denunció que se le obligó a entregar hasta el 75% de sus honorarios, sumando un total de S/ 80,000 soles en depósitos mensuales.
Pese a sus peticiones de reprogramación, basadas primero en la indisponibilidad de su abogado y luego en su hospitalización por problemas de salud, la Comisión decidió proceder con la votación del informe. Este caso ha generado una amplia controversia, poniendo en relieve las prácticas cuestionables dentro del Congreso y suscitando un debate sobre la ética y el debido proceso en las acusaciones constitucionales.
