La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentó un informe crítico sobre lo ocurrido durante las jornadas de protesta de la denominada Marcha de la Generación Z, realizada los días 20 y 21 de septiembre en Lima. El balance revela un escenario de represión sistemática, con 85 casos de agresión registrados, 11 personas heridas y 11 detenciones arbitrarias, de las cuales 4 aún permanecen bajo custodia.
Agresiones y heridos en la protesta
El reporte detalla que 20 manifestantes resultaron heridos por el impacto de perdigones y bombas lacrimógenas, varios de ellos atendidos por brigadas de salud voluntarias. Según una de las brigadistas consultadas, solo su equipo atendió a 29 personas entre sábado y domingo, lo que sugiere que las cifras oficiales podrían ser aún mayores.
La CNDDHH advirtió que los operativos policiales incluyeron controles de identidad abusivos y procedimientos violentos, ejecutados sin fundamentos legales.
Represión contra la prensa
Uno de los aspectos más graves del informe es el hostigamiento contra periodistas. Se documentaron 18 ataques contra la prensa, la mayoría perpetrados por efectivos policiales. Diego Quispe (Ojo Público) recibió disparos de perdigones en la espalda y el brazo, pese a estar claramente identificado como periodista. Gabriela Coloma (La República) fue despojada de su celular y ridiculizada por policías que le impidieron continuar su cobertura.
Fotoperiodistas independientes y equipos de Exitosa fueron alcanzados por disparos directos de perdigones. Reuters denunció que sus reporteros fueron heridos por perdigones mientras registraban imágenes cerca del Congreso.
Además, los fotoperiodistas Juan Mandamiento y Juan Zapata (Wayka) sufrieron agresiones en ambas jornadas. Mandamiento fue herido por perdigones y luego golpeado con macanas; Zapata fue hostigado en inmediaciones de la Defensoría del Pueblo y al día siguiente brutalmente agredido en la avenida Abancay, donde perdió su dron como consecuencia de la violencia.
La CNDDHH recordó que este no es un hecho aislado. Desde las protestas de diciembre de 2022, se repiten los mismos esquemas de represión: uso excesivo de la fuerza, ataques a la prensa, detenciones arbitrarias y limitación al derecho de protesta. “Sin respeto al derecho a la protesta no hay democracia plena ni garantía de derechos humanos”, advirtió el organismo en un comunicado difundido en redes sociales.
