La construcción del muro de defensa ribereña en la quebrada Ancorragra, destinado a proteger a la población de Llicua, se ha convertido en un símbolo de la ineficiencia y la falta de supervisión en las obras públicas en Huánuco. Con un presupuesto de 41 millones de soles, esta infraestructura debería haber sido una garantía contra desastres naturales, pero, debido a su pésima ejecución, representa ahora un peligro latente.
En pleno siglo XXI, cuando la tecnología y los avances científicos permiten construir infraestructuras seguras y duraderas, resulta indignante observar cómo muchas de las obras en Huánuco se realizan con materiales deficientes, bajo la dirección de ingenieros y técnicos que no cuentan con las competencias necesarias. Los vecinos recuerdan con nostalgia cómo, en tiempos pasados, las obras de contención se realizaban con métodos simples pero efectivos, como los empedrados de los ríos, que han resistido el paso del tiempo.
En contraste, el muro de la quebrada Ancorragra ha demostrado ser un riesgo para los residentes de la zona. La acumulación de materiales mal gestionados y la construcción defectuosa han desviado las aguas torrenciales hacia las viviendas cercanas, agravando la situación. Penosamente, la niña que fue arrastrada por el huaico se encuentra en condición muy delicada y esperemos (recemos) para que prontamente se recupere. Lo único previsible, es que las lluvias persistirán, y con ellas el riesgo de más desastres.
Los vecinos han señalado directamente al gobernador regional y a las autoridades responsables de esta obra, exigiendo una rendición de cuentas sobre el uso del presupuesto asignado. La pregunta persiste: ¿dónde están los 41 millones de soles destinados a proteger a la población? ¿Es este otro caso de corrupción o simplemente una muestra más de la negligencia y falta de supervisión en la ejecución de obras?
Además, los vecinos han advertido sobre la posibilidad de organizar protestas frente al gobierno regional si no se toman medidas inmediatas. Esta situación no solo pone en evidencia la falta de capacidad técnica, sino también el desinterés de las autoridades por resolver los problemas críticos de la región.
El llamado es claro: las autoridades deben priorizar la seguridad de las poblaciones vulnerables. Esto requiere no solo la reconstrucción adecuada de las obras, sino también una vigilancia estricta y constante para garantizar que se cumplan los estándares de calidad. Las vidas de miles de personas dependen de decisiones responsables y efectivas.
