Huánuco. Representantes de la Junta Directiva de las Ollas Comunales de Marabamba Alta acusan a la presidenta actual, Teresa Vilca Espinoza, de presunto abuso de autoridad, actos irregulares y una gestión excluyente. Según Rosamel Martel Medrano, fiscal de dicha organización, el traslado del comedor a una vivienda particular se realizó sin el debido consenso, lo que ha generado división entre las beneficiarias y desinformación sobre las actividades.
De acuerdo con Martel, ni ella ni otras integrantes fueron informadas sobre los desayunos ni incluidas en los nuevos grupos de coordinación. Además, sostiene que el espacio actual no cuenta con condiciones higiénicas adecuadas y que no se respetan protocolos básicos como el uso de gorros y mandiles durante la preparación de alimentos.
Acusaciones por elección irregular y falta de respuesta de la municipalidad
Las denunciantes también afirman que fueron reemplazadas de sus cargos de forma arbitraria, sin acta formal ni presencia de representantes municipales. El cambio de directiva, según indican, se habría ejecutado tras una reunión privada organizada por la presidenta sin convocar a todos los miembros. Martel señala que incluso fueron informadas del cambio por terceras personas.
La situación se agrava por la falta de respuesta de parte del ingeniero Abner Morales, funcionario vinculado al área de ollas comunes de la Municipalidad Provincial de Huánuco. Las afectadas indican que Morales, quien anteriormente habría señalado que el cambio de junta requería un proceso formal, ahora habría autorizado el reemplazo sin seguir el procedimiento regular.
Pérdida de beneficiarios y tensiones en la comunidad
Angely Baltazar Sama, secretaria de la junta, advirtió que la nueva sede no es neutral ni acogedora. Según su testimonio, muchas madres han optado por retirarse del padrón debido al trato recibido por parte de la anfitriona del nuevo local y por la imposición de decisiones sin consulta. “Por más hambre que tenga, no voy a ir a un lugar donde me maltraten”, expresó una de las beneficiarias.
Las denunciantes exigen una intervención inmediata de las autoridades municipales para regularizar la situación, garantizar un espacio neutral y restablecer una gestión participativa y transparente.
