Más de 300 fonavistas han fallecido sin ver su dinero, revela Coordinadora Regional
La persistente lucha de los Fonavistas en Huánuco por la devolución de sus aportes continúa siendo una incertidumbre, según Guillerma Chávez Cruz, Coordinadora Regional de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas. En una reciente manifestación, Chávez Cruz expresó su frustración ante la demora en la implementación de las leyes que podrían beneficiar a los miembros de Fonavi, un problema que afecta a aproximadamente 10 000 fonavistas en la región de Huánuco.
Durante la marcha, organizada para exigir presupuesto para el 2024 y la devolución de los aportes, Chávez Cruz enfatizó la urgencia de la situación, destacando que la mayoría de los fonavistas son personas mayores, con cerca del 80 al 90% en la tercera edad. La coordinadora reveló datos desgarradores: aproximadamente 200 a 300 fonavistas han fallecido en Huánuco esperando justicia, sumándose a los casi 500 000 a nivel nacional.
La líder fonavista explicó que la actual ley 31173, aprobada en 2021, derogó la ley 30114 de la era de Ollanta Humala, que excluyó a los fonavistas que obtuvieron préstamos del Banco de Materiales de ENASE o que instalaron servicios básicos en sus domicilios. Con 94 votos a favor, el Congreso aprobó un proyecto para iniciar la devolución de las contribuciones, pero aún se espera que se asignen los presupuestos necesarios.
Chávez Cruz no ocultó su decepción al mencionar la figura de Josué Gutiérrez, autor de la ley 30114 y actual Defensor del Pueblo, acusándolo de no defender los intereses de los fonavistas y de estar más alineado con intereses corruptos y millonarios.
“Estamos esperando que el Congreso, en sus debates presupuestarios, también considere devolver a los hermanos fonavistas lo que tanto necesitan. Muchos de nosotros necesitamos nuestro dinero para medicinas y una mejor calidad de vida”, señaló Chávez Cruz.
Con la expectativa de una resolución favorable, los Fonavistas de Huánuco, liderados por Guillerma Chávez Cruz, continúan su lucha por la justicia y la devolución de sus aportes. El caso pone de manifiesto la necesidad de acciones gubernamentales más rápidas y eficientes en respuesta a las demandas de larga data de los ciudadanos.
