La **minería informal**, un sector que genera debate y controversia en el Perú, ha encontrado un eco considerable en el Congreso de la República. La presencia de representantes de este sector en el Parlamento, evidenciada por un alto número de visitas y la promoción de iniciativas legislativas que los favorecen, plantea interrogantes sobre la influencia de la minería informal en las políticas públicas. Es importante recordar que la minería informal, a diferencia de la minería ilegal, busca operar dentro del marco legal, aunque a menudo enfrenta desafíos para cumplir con todos los requisitos y regulaciones. Un dato contextual relevante es que el Perú es uno de los principales productores de oro en América Latina, y una parte significativa de esta producción proviene de la minería artesanal y de pequeña escala, que a menudo se encuentra en la zona gris entre la formalidad y la informalidad.
Según la investigación publicada por El Comercio, la influencia de la minería informal se manifiesta en las numerosas visitas de sus líderes al Congreso y en el respaldo legislativo que reciben.
De acuerdo con el análisis, entre enero del año pasado y el presente, los presidentes de los tres grupos mineros informales más destacados acumulan alrededor de 160 visitas al Parlamento. Estos líderes son Máximo Franco Bequer, de Confemin Perú; Celso Cajachagua, de Fenamarpe; y José Torrealva, de AMA Pataz. Las cifras revelan que Bequer, vinculado a Renovación Popular, encabeza la lista con 82 ingresos al Legislativo, seguido por Cajachagua con 48 visitas y Torrealva, afiliado a Podemos Perú e investigado preliminarmente por minería ilegal, con 28 ingresos. Un aspecto crucial a considerar es que estas visitas se intensificaron significativamente en los meses previos a la aprobación de la prórroga del Reinfo, un registro que, según expertos, ha servido como un escudo protector para la minería ilegal.
El reportaje señala al congresista Paul Gutiérrez Ticona, del Bloque Magisterial, como el principal receptor de estas visitas, especialmente tras asumir la presidencia de la Comisión de Energía y Minas en el segundo semestre de 2024. Su postura favorable al sector minero informal es evidente, como también lo es el apoyo brindado por Segundo Quiroz, también del Bloque Magisterial, y Guido Bellido, de Podemos Perú, todos impulsores de la extensión del Reinfo. La prórroga del Reinfo, aprobada a finales de noviembre del año pasado, solo ha postergado un problema que se agudiza, como lo demuestra la reciente masacre en Pataz. La situación se complica aún más con la proximidad de las elecciones, donde muchos políticos buscan el apoyo de este sector.
El informe detalla las acciones concretas de los congresistas mencionados. Gutiérrez Ticona, como presidente de la Comisión de Energía y Minas, lidera la discusión sobre la nueva Ley Mape, un proyecto que busca flexibilizar las regulaciones para la pequeña minería y la minería artesanal. Además, propuso extender la vigencia del Reinfo hasta 2026 y crear un nuevo registro minero que se aparta del marco constitucional. Segundo Quiroz, por su parte, presentó una iniciativa para ampliar el Reinfo hasta 2027 y, durante su gestión en la comisión, se aprobó una fórmula legal que redujo las facultades de la Policía Nacional para actuar ante la tenencia ilegal de explosivos. Guido Bellido fue el autor de la norma que derogó la disposición que permitía a la policía intervenir en casos de tenencia ilegal de explosivos relacionados con el Reinfo. Además, visitó una zona minera en Madre de Dios y presentó un proyecto para extender el Reinfo hasta 2026.
Más allá de los congresistas mencionados, legisladores de otras bancadas, como Alianza para el Progreso (APP), también figuran entre los más frecuentados por los líderes mineros. Es importante señalar que una visita al Congreso no siempre implica una reunión individual con un parlamentario, ya que también puede incluir encuentros con asesores o la participación en eventos grupales. El análisis del medio identifica a los congresistas y funcionarios más visitados por cada uno de los tres dirigentes mineros: Máximo Franco Bequer (Confemin), Celso Cajachagua (Fenamarpe) y José Torrealva (AMA Pataz). Estos datos permiten una visión más detallada de las redes de influencia y los vínculos entre el sector minero informal y el poder legislativo.
Especialistas como César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, señalan que el Congreso se ha convertido en un espacio de defensa de los mineros informales e incluso de los mineros ilegales que se hacen pasar por informales. Ipenza explica que el objetivo de este acercamiento al Parlamento es aprobar leyes que les beneficien, como la ampliación del Reinfo y la nueva Ley Mape. Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, destaca que la llave de la continuidad del Reinfo está en el poder Legislativo, que es el que tiene la capacidad de extenderlo mediante una ley. Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, subraya que el Congreso no solo hace las leyes, sino que también fiscaliza, por lo que los mineros buscan influir en las reglas de juego y evitar el control. Estos expertos coinciden en que la situación es compleja y que la minería ilegal busca mantener el *statu quo* y evitar la fiscalización, aprovechándose de la transitoriedad del Reinfo para operar como si fuera legal sin serlo.
