La problemática de la formalización minera en Perú enfrenta un nuevo obstáculo, poniendo en jaque el diálogo entre el gobierno y los pequeños mineros. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) ha condicionado la continuidad de las negociaciones, exigiendo el cese de las interdicciones, operativos estatales destinados a combatir la minería ilegal. Esta demanda ha generado controversia, especialmente considerando que el sector de la minería artesanal y a pequeña escala representa una parte significativa de la producción aurífera del país, pero también es un foco de informalidad y actividades ilícitas.
Según la investigación publicada por El Comercio, especialistas en la materia advierten que acceder a esta petición podría ser contraproducente, favoreciendo la persistencia de la minería ilegal y erosionando los esfuerzos del gobierno por regularizar el sector. La demanda de Confemin Perú se produce en un contexto tenso, marcado por las protestas de mineros informales tras la exclusión de 50,000 inscripciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que ha sido objeto de críticas y controversias debido a la lentitud y la falta de transparencia.
La Confemin Perú, a través de una carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, justifica su exigencia argumentando que es necesaria para crear un “ambiente de confianza y buena fe” en las mesas de diálogo. Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin, declaró a RPP Noticias que las interdicciones en curso, como las realizadas en Carabelí, socavan la posibilidad de un diálogo constructivo, ya que los mineros se sienten presionados por las acciones coercitivas del Estado. Esta postura ha sido cuestionada por expertos, quienes señalan que las interdicciones son una herramienta fundamental para combatir la minería ilegal, independientemente de los avances en el proceso de formalización.
El debate se centra en la efectividad y legitimidad de las interdicciones como mecanismo para combatir la minería ilegal. Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública, explica que las interdicciones son intervenciones policiales y fiscales destinadas a erradicar no solo la actividad minera ilegal en sí, sino también las actividades conexas, como el transporte y la comercialización. César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales, va más allá, señalando que suspender estas acciones contravendría el marco legal vigente, que obliga al Estado a perseguir y sancionar las actividades ilícitas.
La situación se complica aún más por la reciente decisión del gobierno de otorgar un plazo de 15 días para que los excluidos del Reinfo presenten apelaciones, lo que ha sido interpretado como un “ablandamiento” de la postura del Ejecutivo frente a las demandas de los mineros. Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, advierte que la suspensión de las interdicciones dificultaría el rastreo de la producción de oro, permitiendo que la minería ilegal se camufle entre los mineros informales que aún figuran en el Reinfo. En octubre de 2024, se estimó que las interdicciones realizadas habían generado pérdidas por más de S/2 mil millones a la minería ilegal.
Ante este panorama, los especialistas consultados coinciden en que el gobierno no debe ceder ante las presiones de la Confemin Perú. Ricardo Valdés argumenta que aceptar esta condición equivaldría a abdicar de la función del Estado en la lucha contra la criminalidad, mientras que César Ipenza considera que se estaría volviendo a permitir que los 50,000 excluidos del Reinfo operen sin control. La mesa técnica convocada por el gobierno de Dina Boluarte tiene un plazo de 60 días para encontrar soluciones a esta compleja problemática, pero la exigencia de la Confemin Perú plantea un desafío adicional que podría comprometer los avances logrados hasta el momento.
