Según la investigación publicada por El Comercio, el Ministerio Público sustentó ante el Poder Judicial un pedido de suspensión temporal de Patricia Benavides como fiscal suprema, el martes 24, debido a una investigación en curso por el presunto delito de cohecho.
El juez supremo Segismundo León Velasco, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, lideró la audiencia donde el fiscal adjunto supremo Luis Ballón Segovia expuso los argumentos centrales del Ministerio Público. La preocupación principal radicaba en el riesgo de que Benavides, desde una posición de poder dentro del sistema de justicia, pudiera obstaculizar las investigaciones en su contra. Se argumentó que la suspensión era una medida necesaria y proporcional para asegurar el correcto desarrollo de las indagaciones que la involucran a ella y a su entorno.
La tesis fiscal presentada detalla cómo Benavides presuntamente lideró una estructura paralela dentro del Ministerio Público. Esta estructura, según la acusación, habría sido utilizada para beneficiar a congresistas, proteger a personas cercanas y manipular procesos judiciales clave. Uno de los incidentes destacados fue el intento de Benavides de ingresar al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el 16 de junio, respaldada por una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La Fiscalía consideró este ingreso como prematuro, ya que no se había comunicado formalmente la decisión a la Junta de Fiscales Supremos, órgano que debía conocer su retorno.
El fiscal Ballón argumentó que la presencia de Benavides en la sede del Ministerio Público no solo fue irregular, sino que también impidió que los fiscales supremos sesionaran presencialmente, alterando el funcionamiento normal de la institución. Adicionalmente, alertó sobre el riesgo de que su retorno facilitara el acceso a información sensible y a carpetas fiscales en las que ella misma figura como investigada. Se señaló que este incidente no era aislado, sino un indicio del riesgo real de reiteración delictiva, recordando el caso “Los Niños”, que involucra a numerosos congresistas de distintas bancadas.
El Ministerio Público también hizo un recuento de las seis denuncias constitucionales formuladas contra Benavides, pendientes de calificación por el Congreso. Estas denuncias abarcan una serie de presuntos delitos, desde peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico, hasta falsedad genérica, encubrimiento personal agravado y omisión de funciones. Se alega que Benavides intervino para proteger a su hermana, la jueza Enma Benavides, en una investigación en su contra, además de realizar nombramientos irregulares de fiscales e interferir en investigaciones, incluyendo vínculos con el congresista José María Balcázar, de Perú Libre.
La fiscalía argumentó que Benavides, mientras estuvo al frente del Ministerio Público, utilizó la institución como un escudo de protección personal. Se le acusa de interferir en procesos disciplinarios, remover fiscales que le resultaban incómodos, designar funcionarios afines para encubrir hechos graves y bloquear investigaciones que comprometían a miembros de su red. Para la fiscalía, estas acciones desnaturalizan la función pública y atentan contra el Estado de derecho. Asimismo, se alertó sobre el riesgo del uso de la fuerza pública para facilitar el retorno de Benavides, considerando un documento de la JNJ solicitando la intervención de la Policía Nacional para su ingreso a las instalaciones del Ministerio Público como una amenaza a la autonomía institucional.
En contraparte, Humberto Abanto, abogado defensor de Benavides, calificó la solicitud de suspensión como arbitraria y carente de sustento. Argumentó que la fiscalía ha presentado una narrativa acusatoria sin pruebas concluyentes y ha ignorado principios fundamentales como la presunción de inocencia. Abanto aseguró que el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar y que no se ha alcanzado el estándar legal de sospecha suficiente para justificar la suspensión. Además, alegó que la denuncia por cohecho ya fue remitida al Congreso, por lo que el Poder Judicial no debería intervenir mientras no se defina si hay lugar a una acusación constitucional.
