Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, ha propuesto que los motociclistas impriman su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) en sus cascos como parte de una estrategia para combatir el aumento de la delincuencia en la ciudad. Esta medida surge ante el incremento de delitos cometidos con motocicletas, lo que ha llevado a algunas municipalidades, como Puente Piedra e Independencia, a prohibir que estas unidades transporten a dos pasajeros.
Durante una rueda de prensa, López Aliaga comentó: “Es decisión de cada alcalde; cada distrito es un distrito. Estamos evaluando otra ordenanza que sería poner una identificación en el casco con el DNI del conductor. Son varias alternativas. Respeto mucho la decisión de cada alcalde y me llevo bien con todos”.
El alcalde destacó que esta iniciativa facilitaría la identificación de motociclistas y mejoraría el control de los vehículos de dos ruedas en la capital. También indicó que su administración está trabajando en proporcionar recursos para la seguridad. “Antes de diciembre, entregaremos 1,600 motos más a la PNP, pero lo que me piden son cámaras. Lima necesita 100,000 cámaras. Si el Ejecutivo quisiera, habría cámaras, pero no hay voluntad. Esto lleva varios años”, añadió.
Además, López Aliaga mencionó que, con fondos municipales, se están entregando 4,000 motos al serenazgo en esta primera etapa. La Municipalidad de Independencia, por su parte, ha aprobado una ordenanza que prohíbe la circulación de motos lineales con dos pasajeros durante el estado de emergencia declarado por la presidenta Dina Boluarte, con multas de hasta 5,150 soles y el internamiento del vehículo como sanciones. Según el informe de Luis Paucar para Infobae.
En una reciente mesa de trabajo, diversos alcaldes discutieron estrategias para abordar la inseguridad relacionada con vehículos menores. Carlos Canales, alcalde de Miraflores, reveló que se implementó un registro voluntario de trabajadores de delivery que identificó a cerca de 8,000 personas, aunque esta iniciativa fue sancionada por Indecopi como una barrera burocrática. Asimismo, el alcalde de Breña, Luis Martínez, propuso la creación de un registro nacional de inscripción.
En relación con el paro convocado por varias agrupaciones, incluidos transportistas, López Aliaga hizo un llamado a no politizar la demanda, destacando la preocupación por la falta de seguridad en la ciudad. “Pediría que se respete la demanda original del paro. Que no hay seguridad ni acción de la presidenta es cierto, pero que no se politice, ahí la malogran”, señaló.
La problemática de la extorsión ha crecido, afectando no solo a transportistas y comerciantes, sino también a otros sectores. El gobierno ha declarado el estado de emergencia en 13 distritos de Lima y en la provincia de Callao. Según una encuesta de Datum, el 86% de los limeños se siente inseguro en las calles, el 37% conoce a alguien que ha sido víctima de extorsión, y el 40% está a favor de extender el estado de emergencia a todo el país.
