La crisis política en Perú se intensifica con el pronunciamiento del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respecto a las cinco denuncias constitucionales que pesan sobre la presidenta Dina Boluarte. Este escenario se desarrolla en un contexto de alta polarización política y cuestionamientos a la legitimidad de las instituciones, marcando un punto álgido en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Según la investigación publicada por Gestión, el burgomaestre limeño se mostró favorable a que el Congreso dé trámite a las acusaciones contra la mandataria, a pesar de la controversia jurídica sobre la posibilidad de investigar a un presidente en funciones.
López Aliaga, líder de Renovación Popular, hizo hincapié en la necesidad de una reforma profunda tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Su declaración surge en un momento en que la credibilidad de estas instituciones se encuentra bajo escrutinio público, especialmente tras recientes decisiones judiciales que han generado controversia y alimentado la desconfianza ciudadana.
Más allá de los vaivenes políticos, el alcalde expresó su preocupación por la presunta liberación de delincuentes por parte de la Fiscalía. Subrayó la urgencia de fortalecer la investigación criminal para combatir la inseguridad ciudadana, un tema sensible que impacta directamente en la calidad de vida de los limeños y que ha sido una de sus principales promesas de campaña.
Las denuncias contra Boluarte abarcan un amplio espectro de acusaciones, desde presuntas irregularidades durante su gestión como presidenta, incluyendo las muertes ocurridas durante las protestas sociales, hasta acusaciones relacionadas con su gestión en el caso ‘Cofre’ y supuestas cirugías estéticas. Además, se suman denuncias previas a su llegada al poder, como el caso Qali Warma y un presunto enriquecimiento ilícito.
Por su parte, el premier Eduardo Arana defendió a la presidenta, calificando las denuncias como carentes de fundamento y basadas en meras especulaciones. Cuestionó la actuación de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sugiriendo que podría estar priorizando la búsqueda de resultados inmediatos en lugar de una investigación rigurosa y basada en pruebas concretas.
Arana insistió en que el gobierno actúa con transparencia y rechazó categóricamente cualquier acusación de corrupción. Sin embargo, la acumulación de denuncias y la polarización del debate político plantean serias interrogantes sobre la estabilidad del gobierno y su capacidad para abordar los desafíos urgentes que enfrenta el país.
