Por César Augusto Kanashiro Castañeda
Nuestro país se enfrenta a niveles muy altos de evasión y elusión tributaria: las estimaciones realizadas por Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el 2021, indican que la evasión tributaria alcanza el 28% de la recaudación potencial del impuesto al valor agregado y el 33,1% de la recaudación potencial del impuesto a la renta empresarial.
En conjunto, esto cuesta cerca del 5,5% del PIB. También en MEF en el Marco Macroeconómico plurianual 2020-2023, menciona que la ampliación de la base tributaria y el fortalecimiento de una recaudación fiscal permanente, es fundamental para la estabilidad macroeconómica del país y esencial para mantener la provisión de infraestructuras y servicios públicos.
La transparencia fiscal y el intercambio de información son herramientas poderosas para hacer frente a la evasión y la elusión tributaria, así como a los flujos financieros ilícitos. En América Latina, estas cuestiones son una preocupación fundamental, ya que una proporción considerable de su riqueza se mantiene en refugios fiscales, lo que ha provocado una importante pérdida de ingresos fiscales domésticos.
Siendo así, tras unirse al Marco Inclusivo, Perú acordó una “hoja de ruta” en la que se describen las prioridades de implementación de los precios de transferencia, los plazos y las acciones a emprender. A este respecto, el programa de asistencia técnica conjuntamente realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM), ha contribuido al gran avance en la implementación de los estándares mínimos en nuestro país.
Gracias al Marco inclusivo nos hemos beneficiado de las capacitaciones sobre procedimiento de acuerdo mutuo (MAP) y ha trabajado en un proyecto de ley que modifica el Código Tributario del Perú en este aspecto. Lamentablemente, la aprobación del referido proyecto se ha retrasado debido a la coyuntura política del país y la crisis de COVID-19. No obstante las dificultades planteadas por el trabajo a distancia durante la pandemia de COVID-19, en el primer semestre de 2021, el Instituto Aduanero y Tributario de la SUNAT organizó capacitaciones virtuales sobre jurisprudencia en materia de precios de transferencia y MAP, dirigidas a fiscales del Ministerio Público, jueces administrativos (vocales del tribunal fiscal) y a funcionarios del MEF y de la SUNAT.
Se ha venido trabajando en conjunto con la OCDE desde el 2013, cuando se estableció un Programa-País con el objetivo de apoyarnos en la agenda de reformas y para mejorar las políticas públicas en ciertas áreas prioritarias, tales como la política y administración fiscal.
Para implementar la Acción 6, del procedimiento de acuerdo mutuo, se actualizó el texto modelo que suele utilizar el MEF en sus negociaciones bilaterales de convenios para eliminar la doble imposición con diversos países. Asimismo, se firmó el 27 de junio de 2018 la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas a Tratados Fiscales para Prevenir los Precios de Transferencia, para actualizar y proteger su red de tratados tributarios a través de la aplicación de ciertas medidas. La iniciativa de nuestro país de firmar convenios para evitar la doble tributación forma parte de una política que busca contrarrestar la práctica del tratado más favorable. Esta política nacional tiene por objetivo cerrar ciertos vacíos existentes en las normas internacionales que permiten que los beneficios de las empresas “desaparezcan” o se trasladen artificialmente a jurisdicciones con baja o nula tributación, donde las empresas realizan poca o ninguna actividad económica.
Como resultado, el nivel de involucramiento con el Comité sobre Asuntos Fiscales (CAF) ha progresado significativamente desde el 2019 cuando el país adquirió el estatus de participante. Que ha desarrollado la capacidad y la voluntad de contribuir sustancialmente al cumplimiento del mandato y el programa del CAF a través de la participación activa en sus reuniones y trabajo. Además, se ha cumplido con la obligación de proporcionar la información que el CAF requiere.
Con el fin de mantenernos y mejorar el desarrollo de los estándares internacionales, se debe seguir invirtiendo en el desarrollo de capacidades para garantizar que sus equipos técnicos se especialicen constantemente y utilicen eficazmente la información intercambiada para sus investigaciones y auditorías tributarias.
Por la continua participación de nuestro país en el fortalecimiento de la evasión fiscal a nivel internacional el 25 de enero de 2022, el Consejo de la OCDE decidió iniciar las conversaciones para la adhesión de Perú. El Consejo de la OCDE ya ha adoptado una “hoja de ruta” para la adhesión de Perú en la que se establecen los términos, las condiciones y el proceso de adhesión.
El proceso incluirá una evaluación rigurosa y profunda por parte de más de 20 comités técnicos, incluido el CAF. Perú deberá alinear sus políticas y prácticas a los estándares y mejores prácticas de la OCDE, incluyendo en el ámbito de la fiscalidad internacional. Perú seguirá trabajando estrechamente con el Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE en el marco de su proceso de adhesión.
