Frente a la carta notarial remitida el 7 de julio por el señor Marcos Junior Fernández Rojas, representante legal de Coopsemul Ipae Perú Ltda, el Diario Ahora aclara y ratifica su posición editorial, reafirmando su compromiso con la comunidad educativa y la verdad.
El artículo titulado “Gran estafa a docentes de Huánuco: el Día del Maestro se tiñe de indignación” se basa en testimonios directos y documentos oficiales presentados por docentes huanuqueños, quienes denunciaron cobros no autorizados vinculados a capacitaciones y descuentos automáticos en sus boletas. Estas declaraciones están respaldadas en solicitudes formales de desafiliación y documentos de desconocimiento de pago remitidos a la UGEL Huánuco y otras instancias competentes.
El Diario Ahora no afirmó ni asume como propia la veracidad de los hechos denunciados, sino que recogió fielmente la voz de los docentes, tal como manda la ética periodística. El reportaje refleja la preocupación legítima de quienes se sintieron afectados y busca visibilizar posibles vulneraciones a derechos laborales y económicos en el magisterio.
Este medio enfatiza que la información publicada se realizó bajo el principio constitucional de libertad de expresión y derecho a la información, consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Nuestra labor es informar, no sentenciar.
Además, Ahora reitera su política de apertura al derecho de réplica y rectificación, conforme establece la Ley N.º 26847. Coopsemul Ipae Perú Ltda, ç tiene las puertas abiertas para enviar la documentación y aclaraciones que considere pertinentes. Dichas aclaraciones serán publicadas de manera gratuita, en estricto respeto al derecho de defensa y equilibrio informativo.
Desde esta redacción, reafirmamos que nuestra única lealtad es con la ciudadanía. Los documentos y testimonios recabados existen y están a disposición de quien corresponda. Nuestra misión es informar, con rigor y sin temor.
Ahora continuará dando espacio a todas las voces, sin ceder a presiones, sin renunciar a la verdad y sin comprometer el derecho de los ciudadanos a estar informados.
