Mariano Antonio Altamirano Ramos, de apenas 21 años, ha vuelto a ocupar titulares tras ser señalado como el presunto autor del asesinato de Paul Flores, vocalista del reconocido grupo de cumbia Armonía 10. Lo que ha causado mayor indignación pública es que Altamirano ya había sido condenado por el delito de extorsión, pero fue liberado bajo el amparo del Decreto Legislativo 1585, promulgado por el Gobierno de Dina Boluarte con el respaldo de facultades otorgadas por el Congreso. La norma buscaba reducir el hacinamiento carcelario, pero su aplicación ha generado controversia al facilitar la excarcelación de personas condenadas por delitos graves. Según Camila Calderón para Infobae.
El joven fue detenido inicialmente el 23 de abril de 2023 por su implicación en una extorsión relacionada con la recuperación de un vehículo robado. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, bajo la dirección del fiscal Gary Martín Rojas Auqui, solicitó y obtuvo prisión preventiva por nueve meses. El 25 de abril, apenas dos días después de su detención, se formalizó la solicitud. Altamirano permaneció en detención hasta el 15 de enero de 2024, cumpliendo el plazo establecido por el tribunal.
Durante ese periodo, el proceso penal avanzó hasta alcanzar la fase de control de acusación. En dicha audiencia, la Fiscalía logró que Altamirano fuese condenado a cinco años y diez meses de pena privativa de libertad por el delito de extorsión, una sentencia que, de no haber sido por la nueva legislación, lo habría llevado directamente a cumplir su condena en un penal.
No obstante, el Decreto Legislativo 1585 cambió el panorama. La norma, que amplió el beneficio de conversión de penas de hasta cuatro años a penas de hasta cinco años, fue determinante. El abogado de Altamirano solicitó acogerse al artículo 57 del Código Penal, que contempla la suspensión de la ejecución de la pena si el imputado no tiene antecedentes penales, es menor de 25 años al momento del delito, y cumple otras condiciones.
“Gracias a esta disposición legal, el joven quedó en libertad pese a la gravedad del delito por el que había sido condenado”, explicó una fuente fiscal que solicitó el anonimato.
El caso no tardó en generar polémica. Diversos sectores del país han criticado el impacto de esta norma, advirtiendo que se ha abierto una peligrosa puerta para que delincuentes condenados eviten cumplir su sentencia. La preocupación se ha intensificado luego de que Altamirano fuera vinculado directamente con el violento atentado contra el bus que trasladaba a integrantes de Armonía 10, atentado en el que murió Paul Flores.
Pero su historial no termina allí. Además de la condena por extorsión, Altamirano registra antecedentes por fraude informático, receptación, robo agravado, y ahora también se le investiga por tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas (TID). Su más reciente intervención ocurrió el 25 de marzo de 2025, cuando la Policía Nacional lo detuvo con un arma de fuego cargada y varios paquetes con estupefacientes.
El 26 de marzo, el Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar por estos nuevos delitos. Sin embargo, en la audiencia no se abordó su presunta implicancia en el asesinato del cantante. “A pedido de la Fiscalía, el Poder Judicial ordena 7 días de detención preliminar contra Mariano Antonio Altamirano Ramos, por los delitos de tenencia ilegal de armas y T.I.D. En audiencia no se evaluó su presunta vinculación con la muerte del cantante de Armonía 10, tal como lo presentó la PNP ante la prensa”, indicó el Poder Judicial a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).
Este episodio ha reavivado el debate sobre las políticas penitenciarias impulsadas por el Ejecutivo. Especialistas advierten que el Decreto Legislativo 1585, lejos de garantizar una justicia rehabilitadora, ha puesto en riesgo la seguridad ciudadana al permitir la excarcelación de individuos con alta peligrosidad. Incluso, voces del Ministerio Público han pedido revisar la constitucionalidad y pertinencia de la norma.
El caso de Altamirano se perfila como un símbolo del fracaso institucional en la lucha contra el crimen. A pesar de múltiples antecedentes y una condena firme, logró evadir la prisión y, al poco tiempo, fue nuevamente detenido por nuevos actos delictivos. Esta reincidencia ha puesto en evidencia fallas estructurales no solo en la legislación reciente, sino también en los mecanismos de evaluación de riesgos para conceder beneficios penitenciarios.
“No se trata únicamente de una falla en la norma, sino en todo un sistema que permite que criminales peligrosos sigan en libertad”, sostiene el exministro del Interior Rubén Vargas. “Cuando se diseñan políticas públicas de esta magnitud, se debe considerar el contexto real del crimen organizado y la reincidencia delictiva en el país”.
El Ministerio de Justicia aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso particular, aunque fuentes cercanas a la institución indicaron que se está evaluando una posible modificación al Decreto Legislativo 1585 para restringir los beneficios a delitos más leves y evitar que se repitan situaciones como la de Altamirano.
Mientras tanto, la familia de Paul Flores exige justicia. En declaraciones a medios locales, sus allegados manifestaron su indignación al enterarse de que el presunto asesino ya había sido liberado previamente gracias a una ley. “¿Cómo es posible que alguien con antecedentes tan graves esté libre? Esto no fue un error, fue una negligencia institucional que le costó la vida a Paul”, denunció uno de sus hermanos.
El proceso penal contra Altamirano continúa, pero el impacto de su liberación pone en la mira al Gobierno, al Congreso y a todo el sistema judicial. La ciudadanía reclama respuestas y, sobre todo, garantías de que hechos como este no volverán a repetirse.
