En un contexto nacional marcado por la creciente inseguridad ciudadana y en medio de un paro de transportistas que ha afectado significativamente a Lima y Callao, el Congreso de la República ha tomado medidas drásticas. La principal de ellas es la declaración de emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) por 180 días, buscando fortalecer la lucha contra la criminalidad. Esta decisión se produce mientras la percepción de inseguridad entre los ciudadanos alcanza niveles alarmantes, según recientes encuestas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), donde más del 80% de la población urbana se siente vulnerable ante la delincuencia. La urgencia de la situación se ve exacerbada por el incremento de delitos como la extorsión y el sicariato, que han generado gran preocupación en la sociedad y motivado una mayor demanda por acciones contundentes por parte de las autoridades, haciendo de la seguridad ciudadana una prioridad apremiante.
Según la investigación publicada por El Comercio, la aprobación del dictamen se realizó durante el segundo pleno temático de seguridad ciudadana, con 91 votos a favor y la exoneración de una segunda votación con el apoyo de 85 legisladores.
La propuesta inicial de 120 días de emergencia fue extendida a 180 por iniciativa del presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (APP). Esta ampliación tiene como objetivo permitir al Poder Ejecutivo dotar a la PNP de equipamiento, servicios, recursos logísticos y mejorar su infraestructura, lo cual se considera fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta policial ante la delincuencia. Adicionalmente, se ha encargado a la Secretaría General del Ministerio del Interior, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la PNP, realizar una evaluación integral del Ministerio y proponer una reestructuración, según la propuesta del legislador Luis Aragón Carreño (AP).
El dictamen aprobado faculta la intervención inmediata del Ministerio del Interior, gobiernos regionales y locales para realizar contrataciones de bienes y servicios de forma expedita, buscando reducir los niveles de inseguridad y criminalidad organizada. Para garantizar la transparencia en el uso de los recursos, la Contraloría General de la República realizará un control concurrente de las adquisiciones realizadas por estas entidades. Además, se contempla el otorgamiento de un bono económico al personal policial que participe de forma voluntaria en servicios de patrullaje y operaciones focalizadas, conforme a lo autorizado por la Ley 32197.
Otro punto clave de la sesión parlamentaria fue la modificación de la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal (Ley 31297), que ahora permite el uso de pistolas eléctricas o de electrochoque como medio de defensa durante sus intervenciones. Esta medida fue aprobada con 88 votos a favor y 6 en contra, siendo exonerada de una segunda votación. Ana Zegarra Saboya (Somos Perú), presidenta de la Comisión de Descentralización, enfatizó que el uso de estas armas estará sujeto a rigurosas capacitaciones que incluirán entrenamientos en campo y simuladores de tiro. El Ministerio del Interior evaluará la necesidad de implementar el uso de cámaras corporales activas para garantizar la transparencia y prevenir abusos.
La norma también incluye una disposición complementaria final que exime de responsabilidad penal al personal de serenazgo que, en cumplimiento de sus funciones y haciendo uso reglamentario de un medio de defensa, cause daño contra la vida, el cuerpo o la salud, siempre que actúe en legítima defensa, de acuerdo con el Código Penal. El alcalde de Surco, Carlos Bruce, celebró la aprobación de esta norma, argumentando que podría evitar muertes de agentes de serenazgo, recordando el caso del sereno Luis Manrique.
Asimismo, se aprobó una norma que permite la identificación, localización, geolocalización y rastreo de terminales móviles para suspender líneas telefónicas, bloquear el IMEI y dar de baja el servicio en casos de extorsión y otros delitos. Esta iniciativa modifica los decretos legislativos 1338 y 1182, facultando a Osiptel a solicitar a las empresas móviles el bloqueo o suspensión de servicios a solicitud del usuario afectado, previa denuncia policial. La policía podrá acceder a datos de localización y geolocalización de teléfonos móviles cuando sea indispensable para la investigación.
El Congreso también aprobó penalidades para quienes activen ilegalmente líneas de servicios móviles y para la posesión ilegal de tarjetas SIM, modificando la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal. Se establece una pena privativa de libertad para quien active una SIM Card sin el consentimiento del titular o con información falsa, y para quien provea o comercialice SIM cards activadas ilegalmente. También se sancionará la oferta o comercialización de servicios móviles de forma ambulatoria, salvo en casos autorizados.
Finalmente, durante el pleno temático, se aprobaron otras medidas, como el establecimiento de pena de cárcel para quien amenace a otro con arma mediante cualquier medio tecnológico, especialmente si la víctima es menor de edad, discapacitada, mujer embarazada o adulto mayor. Se autorizó la fabricación y comercialización de uniformes de la PNP a proveedores registrados, buscando regular la provisión y venta de estas prendas. Además, se aprobó la incorporación al Código Penal del delito de captación de menores de edad para la comisión de actos delictivos y la implementación de la plataforma “Denuncia Digital” para delitos contra el patrimonio.
En un contexto marcado por el debate y la polarización, las declaraciones del congresista Edwin Martínez, quien sugirió que “los criminales del Perú eliminen a los delincuentes extranjeros”, generaron controversia. Martínez también propuso la expulsión de todos los extranjeros en situación migratoria irregular, argumentando que “ilegalidad es sicariato y delincuencia”. Asimismo, el legislador José Cueto planteó la necesidad de decretar el estado de sitio en determinadas zonas para que las Fuerzas Armadas tomen el control territorial, así como la colocación de láminas antibalas en los buses como sistema de defensa ante ataques.
