El gobierno de Dina Boluarte estaría próximo a observar la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Así lo informó el ministro del Interior, Juan José Santivañez, quien adelantó que la oficina técnica de su cartera ha encontrado observaciones en el contenido de la norma. Por Valeria Mendoza Talledo – Fuente: Infobae.
La respuesta del Ejecutivo llega tras varios días de incertidumbre luego de la aprobación de la norma en el Congreso, lo que ha permitido que investigados, como el vocero presidencial Fredy Hinojosa, implicado en el caso Qali Warma, permanezcan en libertad.
Observaciones técnicas: “No se puede avalar lo ilegal”
En una conferencia de prensa realizada en el Congreso, luego de reunirse con el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, Santivañez informó que el Ministerio del Interior formulará observaciones técnicas a la norma aprobada.
“Quiero adelantar que el Ministerio del Interior, a través de su oficina técnica, sí ha procedido a efectuar objeciones al marco de la norma. Son observaciones técnicas que proponen una reformulación para que la ley pueda perfeccionarse”, declaró el ministro.
Santivañez subrayó que las observaciones no son arbitrarias, sino estrictamente técnicas, con el propósito de evitar complicaciones legales en el futuro. “No se puede pretender avalar, por ejemplo, una detención preliminar por un delito sancionado con cuatro años cuando la ley penal establece prisión a partir de cinco años. Eso es ilegal”, puntualizó.
La norma establece que, en casos de delitos de crimen organizado, el plazo máximo de detención preliminar es de diez días; mientras que para delitos de terrorismo, espionaje o tráfico ilícito de drogas, el plazo se extiende a quince días.
El Congreso podría insistir
Aunque el Ejecutivo devuelva la ley con observaciones, el Congreso tiene la facultad de aprobarla por insistencia. Sin embargo, esta posibilidad podría dilatarse, ya que el Pleno del Congreso no evaluará la norma hasta marzo, según el cronograma legislativo.
Frente a este escenario, algunos sectores han planteado la posibilidad de solicitar una sesión extraordinaria para evitar más dilaciones en la aplicación de la norma, especialmente en casos urgentes como los relacionados con redes de corrupción, entre ellas el caso Cofre o las presuntas redes de prostitución vinculadas al Congreso.
Santivañez fue consultado sobre esta posibilidad, a lo que respondió: “Nosotros no tenemos ninguna autoridad para solicitar una sesión extraordinaria. Sin embargo, quiero aclarar que el hecho de que esté en el limbo una norma referida a la detención preliminar no impediría que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva de una persona”, explicó.
El prolongado silencio del Ejecutivo
La ley de detención preliminar fue aprobada el pasado 13 de diciembre por el Congreso, con 79 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención. No obstante, su entrada en vigor sigue en suspenso hasta que el Ejecutivo defina su posición.
El ministro Santivañez aseguró que el gobierno emitirá sus observaciones antes del 14 de enero, respetando el plazo legal establecido. “El plazo es el plazo legal, no plazos razonables. Hay un solo plazo, vence el día 14. Yo le puedo asegurar que antes de esa fecha el Poder Ejecutivo se va a pronunciar respecto del proyecto de ley que usted ha referido”, afirmó Gustavo Adrianzén, jefe del Gabinete Ministerial, en declaraciones anteriores.
A pesar de estas promesas, al cumplirse 25 días desde la aprobación de la norma, la presidenta Dina Boluarte aún no se ha pronunciado, generando cuestionamientos por la demora en un tema que, según el Ejecutivo, es prioritario para la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.
Impacto de la demora en casos emblemáticos
La ausencia de una decisión clara por parte del Ejecutivo ha generado críticas, ya que afecta directamente casos de alto perfil que requieren medidas urgentes de detención preliminar. Entre ellos, se encuentran los procesos relacionados con el caso Qali Warma, una red de corrupción que habría perjudicado los programas de alimentación escolar, y el caso Cofre, vinculado al desvío de recursos públicos.
Organismos como el Ministerio Público han señalado que, sin esta herramienta legal, se dificultan los procesos para asegurar la captura de investigados en casos donde no se configura flagrancia. No obstante, Santivañez insistió en que existen otras medidas cautelares que pueden ser utilizadas mientras se define la situación de la norma.
Reacciones políticas y camino al debate
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, instó al Ejecutivo a priorizar la promulgación de la ley, señalando que es una herramienta crucial en la lucha contra la criminalidad. “El Congreso aprobó la norma por una amplia mayoría. El Ejecutivo tiene la obligación de actuar de manera inmediata para garantizar la seguridad y justicia en nuestro país”, declaró Salhuana.
Por su parte, opositores al gobierno han acusado a Dina Boluarte de utilizar el retraso en la promulgación como una estrategia para proteger a funcionarios de su entorno, señalados en casos de corrupción.
