El decano del Ilustre Colegio Abogados de Huánuco (ICAH), Handy Cruz, informó que el proyecto legislativo conocido como Lee y dla Abogacía se encuentra en una etapa determinante, ya que hasta el 20 de febrero se podrán presentar modificatorias ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Según precisó, concluido ese plazo, el dictamen sería evaluado por dicha comisión y el 3 de marzo pasaría a debate en el pleno del Parlamento.
El proyecto legislativo busca regular de manera integral el ejercicio profesional de los abogados en el Perú, ante lo que describió como una ausencia histórica de una norma específica que unifique criterios éticos, deontológicos y funcionales. En su versión, esta falta de regulación habría generado una dispersión normativa que afecta tanto a los profesionales del derecho como a los ciudadanos que acceden a servicios legales.
Cruz también refirió que el 30 de enero el Colegio de Abogados de Huánuco recibió la visita del congresista Flavio Cruz Mamani, a quien atribuyó un rol de impulso político a la propuesta. Según señaló, el parlamentario llegó a la región en el marco de la promoción del proyecto.
Respaldo gremial
Handy Cruz sostuvo que, como parte del impulso a la Ley de la Abogacía, su gestión promovió una primera audiencia pública en Huánuco. Según su testimonio, en este espacio participaron instituciones del sistema de justicia como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Procuraduría Anticorrupción, con el objetivo de debatir los alcances del proyecto.
De acuerdo con lo señalado por el decano, en dicha audiencia se identificaron aspectos del texto que “aún deben mejorarse”, razón por la cual su directiva habría elaborado propuestas de modificación que serán remitidas por escrito al Congreso dentro del plazo establecido. En su planteamiento, el debate sobre la Ley de la Abogacía no debería circunscribirse únicamente al ámbito gremial, sino incorporar un enfoque institucional y político, dado que la norma tendría impacto en múltiples espacios donde ejercen abogados, incluidos organismos públicos.
Cruz expresó además su confianza en que el proyecto avance en el Legislativo, argumentando que —según afirmó— cuenta con el respaldo de 22 colegios profesionales a nivel nacional. No obstante, no precisó cuáles son dichas instituciones ni el tipo de acuerdo adoptado en cada caso.
Secreto profesional
Finalmente, Handy Cruz planteó que la Ley de la Abogacía incorpore el principio de trato igualitario para los abogados litigantes en espacios críticos como comisarías y establecimientos penitenciarios. Según afirmó, en muchas comisarías los abogados no cuentan con ambientes privados para entrevistarse con sus patrocinados, investigados o detenidos, lo que —desde su perspectiva— vulnera el secreto profesional. En su interpretación, garantizar estos espacios protege no solo al abogado, sino principalmente el derecho de defensa del ciudadano.
En relación con el sistema penitenciario, el decano sostuvo que existe una desigualdad operativa porque —según indicó— jueces y fiscales pueden ingresar a los penales con laptop y teléfono celular para audiencias, mientras que a los abogados se les restringe el ingreso de dispositivos electrónicos y solo se les permite portar una agenda. Según Cruz, esta diferencia coloca a la defensa en desventaja frente a la parte estatal durante diligencias y audiencias.
Estas propuestas, según lo expresado por el decano, implicarían eventuales cambios en protocolos y normas internas de instituciones como la Policía Nacional del Perú y el INPE, por lo que cualquier implementación dependerá del texto final de la ley, su reglamentación y la coordinación interinstitucional correspondiente.
