La reciente promulgación de la Ley 32181 ha generado una ola de críticas tras conocerse que 10 presuntos miembros de la organización criminal ‘Las Hienas Verdes’ quedaron en libertad debido a las disposiciones que esta norma contiene. Entre los liberados figuran tres policías, quienes enfrentaban acusaciones por delitos graves, como extorsión, homicidio calificado, tenencia ilegal de armas de fuego y encubrimiento.
La Fiscalía de la Nación anunció que interpondrá un recurso de casación para que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evalúe la norma y rectifique esta decisión. No obstante, mientras este proceso se tramita, las investigaciones contra los presuntos integrantes de ‘Las Hienas Verdes’ corren el riesgo de verse obstaculizadas por la falta de herramientas legales que permitan evitar su fuga.
Las implicancias de la Ley 32181
La Ley 32181, que deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia, supone un grave retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada, según denuncian expertos y operadores del sistema judicial. “No permitir la detención preliminar a quienes no están en flagrancia va a limitar la acción de la justicia. Es un tema que hay que revisar y rectificar”, declaró Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, al reconocer los peligros de esta disposición.
Hasta la entrada en vigencia de esta ley, los jueces podían ordenar detenciones preliminares si existían elementos suficientes que comprometan al investigado y se evidenciara peligro de fuga. Ahora, las investigaciones dependen únicamente de la prisión preventiva o del impedimento de salida del país, medidas que exigen un proceso más largo y notificaciones que podrían dar tiempo a los acusados para escapar.
La norma y el caso de ‘Las Hienas Verdes’
Entre los liberados destaca el policía Javier Martín la Rosa Buendía, señalado por la Fiscalía como un colaborador clave de esta organización. Según las investigaciones, La Rosa habría brindado protección a los extorsionadores a cambio de parte de los cupos cobrados a empresas de transporte público y de carga pesada.
Desde el Ministerio Público se hizo un llamado al Congreso para que reestablezca las facultades que permitían ordenar detenciones preliminares sin flagrancia. “Con el objetivo de seguir enfrentando la criminalidad organizada en nuestro país”, afirmó la institución en un comunicado.
Críticas a la injerencia del Congreso
Además de la Ley 32181, el Congreso aprobó la Ley 32182, que incorpora como falta muy grave el hecho de que jueces y fiscales liberen a personas detenidas en flagrancia. Esta norma también establece sanciones penales, con penas de entre 8 y 12 años de cárcel, para magistrados que incumplan esta disposición.
Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó esta medida como un atentado contra la independencia judicial. “La norma recorta el natural ejercicio de razonabilidad que el juez y el fiscal ejercen cuando tienen un caso. El Congreso está dando normas para convertirse en poder absoluto. No tiene precedentes”, declaró Silva.
Por su parte, Julio Espinoza Goyena, abogado penalista, enfatizó que “no puede el legislador irrogarse una facultad que no le corresponde y fijar como sanción que se resuelva de algún u otro modo. El juez y el fiscal tienen que analizar cada caso de modo particular”.
Reacciones desde el Poder Judicial
El presidente saliente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció en contra de la Ley 32181, subrayando que los jueces tienen la última palabra respecto a su constitucionalidad. En tanto, el Poder Judicial emitió un comunicado rechazando la propuesta de una reforma integral del sistema judicial en solo 90 días, la cual fue planteada por el Congreso.
“Toda reforma debe hacerse con la intervención de los actores del sistema de justicia, por lo que se rechaza cualquier intervencionismo de otros Poderes”, se lee en el documento.
Un sistema judicial bajo presión
El debate en torno a las leyes 32181 y 32182 ha puesto de manifiesto la creciente tensión entre el Congreso y las instituciones del sistema de justicia. Expertos como el abogado penalista Roberto Pereira han advertido sobre los riesgos que implican estas normas: “Se está anulando el control fiscal y el control judicial”, declaró, haciendo énfasis en que la figura de flagrancia puede ser erróneamente calificada por la Policía, lo que generaría detenciones indebidas.
Asimismo, Pereira subrayó que sancionar a fiscales y jueces por supuestamente liberar a detenidos en flagrancia no solo vulnera la autonomía del Poder Judicial, sino que también criminaliza su labor jurisdiccional.
Un retroceso en la lucha contra el crimen organizado
La liberación de los presuntos miembros de ‘Las Hienas Verdes’ no solo genera indignación en la ciudadanía, sino que también evidencia el impacto negativo de estas normas en la lucha contra el crimen organizado. Según la abogada Cruz Silva, estas disposiciones reflejan una burda intromisión del poder político en el sistema de justicia, comparable incluso a los excesos del régimen fujimorista.
“En los hechos, el Congreso se está poniendo como el único poder del Estado. Eso es ya la dictadura”, afirmó Silva, al recordar que, durante el fujimorato, estas injerencias se realizaban de manera más sutil, pero con igual gravedad.
La urgencia de modificar estas leyes es evidente. Sin embargo, expertos advierten que cualquier cambio debe respetar la autonomía de las instituciones judiciales para garantizar un sistema de justicia eficiente y libre de presiones políticas. Mientras tanto, casos como el de ‘Las Hienas Verdes’ seguirán generando polémica y cuestionamientos sobre el rumbo que está tomando el país en su lucha contra el crimen organizado.
