La Ley N.º 32107, aprobada por el Congreso con la intención de archivar procesos judiciales por crímenes cometidos durante la lucha contra el terrorismo militar, no ha sido aplicada en casos de violación sexual, desapariciones forzadas o asesinatos perpetrados por. A pesar de que 47 procesados han solicitado acogerse a la norma, los jueces han rechazado su aplicación en casos emblemáticos como Pativilca, Madre Mía, Mariella Barreto y las masacres de Cayara y Chuschi.
El Poder Judicial ha mantenido una postura firme al ampararse en el derecho internacional, que establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. El abogado del Instituto Legal de Defensa (IDL), Carlos Rivera Paz, destacó que los jueces han sostenido una línea clara basada en 20 años de jurisprudencia sobre derechos humanos en el país.
Impulso del fujimorismo y controversia constitucional
La norma fue impulsada por el fujimorismo y congresistas exmilitares, con el objetivo de evitar procesos judiciales por delitos cometidos antes del 2002, año en que el Perú adoptó el Estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad. La ley beneficiaría directamente a Alberto Fujimori, condenado por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
En respuesta, la Fiscalía de la Nación y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) presentaron demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), argumentando que la norma impide que el Ministerio Público investigue y sancione estos crímenes. El TC ha admitido a trámite las demandas, pero aún no fija fecha para la audiencia pública.
Resistencia de las víctimas y posibles instancias internacionales
Familiares de las víctimas de Pativilca, Cayara y el periodista Jaime Ayala Sulca han expresado su rechazo a la norma, calificándola de una traición a la memoria de sus seres queridos. Algunos anunciaron que, en caso de que el TC avale la ley, recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para garantizar justicia.
Mientras tanto, la imagen del Perú a nivel internacional se deteriora por su manejo de los derechos humanos. Rivera Paz advirtió que el país, con numerosas sentencias en el Sistema Interamericano, corre el riesgo de ser comparado con regímenes autoritarios como los de Nicaragua o Haití.
