Tingo María–Jhon
A. Rupay Machacuay
En 2017 eran 80 las concesiones mineras que intentaban operar en la provincia de Leoncio Prado, a 7 meses de 2018 aumentaron a 103 por la irresponsabilidad del Consejo Nacional de Minería y por supuestas mafias en el interior del Gobierno Regional de Huánuco.
Según datos precisados, 53 907 hectáreas de subsuelos (más del 60 % en áreas agrícolas) distribuidas en 103 concesiones mineras (68 metálicas y 35 no metálicas) en la provincia y zonas de influencia (M. Dámaso Beraún, 28 concesiones que incluye Chinchao), de las cuales 47 están tituladas (con derecho minero), 47 en trámite (en calidad de petitorios), 6 extinguidas (por penalidad, abandono o incumplimiento del derecho de vigencia), 2 canteras (Luyando) y 1 planta de beneficio (Shenita-Supte San Jorge).
Sin embargo, el Código Minero que se sostiene en el Derecho Minero exceptúa o prohíbe la adjudicación de concesiones mineras en centros arqueológicos, históricos o culturales, así como en áreas agrícolas, urbanas o de expansión urbana, privadas, de defensa nacional, de reserva y protección forestal. Esto no ha considerado el Ministerio de Energía y Minas que viene otorgando concesiones a diestra y siniestra.
El caso de la planta de beneficio de la Minera Shenita, en primera instancia el Gorehco dejó sin efecto la concesión para instalación de la planta de beneficio por lo cual Shenita apeló al Consejo Nacional de Minería del que obtuvo fallo favorable; en la actualidad la concesión está en vigencia.
Merle Migdonio Allpas, secretario de actas y archivo del Frente de Defensa de la provincia de Leoncio Prado, denunció este caso y ahora se espera la respuesta de los diferentes organismos y fuerzas vivas de la provincia.




