Jorge Farid Gabino González
Escritor, articulista, profesor de Lengua y Literatura
El desastre ecológico suscitado como consecuencia del derrame de más de 10 mil barriles de petróleo en el mar peruano por parte de la empresa Repsol vuelve a poner sobre la mesa una realidad que, lamentablemente, parece ser una ya inocultable constante en el Perú: que aquí las grandes transnacionales pueden hacer lo que les dé su puta gana respecto del cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado, sobre todo si estas, como vuelve a ser el caso ahora, se relacionan de materia directa con cuestiones concernientes a algo tan delicado como la conservación ambiental, y ello, desde luego, sin que nuestras incompetentes, incapaces, inútiles autoridades de turno atinen a reaccionar de forma inmediata a fin de hacer respetar los intereses del país, esto es, sin que aquí pase nada, sin que aquí pase absolutamente nada.
¿De qué otra manera habría que asumir si no el que, apenas suscitado el vertido del crudo en las aguas del mar peruano, ni la empresa responsable del derrame del petróleo haya sido capaz de aceptar su responsabilidad en los hechos ni, mucho menos, el Estado haya atinado a adoptar una postura firme, resuelta e inmediata en cuanto a ejercer las presiones necesarias para que aquella asuma en el acto y por completo las acciones correctivas destinadas a remediar, por lo menos en alguna medida, el enorme y todavía incalculable daño causado no solo al que por obvias razones es el más afectado, el ecosistema marino, sino también a quienes dependen de manera directa de lo que obtienen día a día del mar, esto es, los pescadores artesanales?
Pero seamos justos, que la responsabilidad de condenar con firmeza la contaminación del mar por parte de Repsol no solo recaía sobre el gobierno del inepto de Castillo (gestión de la que por obvias razones poco o nada se puede esperar, dados sus antecedentes de inoperatividad e incompetencia), o el Congreso de la República (que tampoco atinó a responder como las circunstancias lo exigían), sino también y sobre todo en la prensa libre e independiente. No deja de llamar la atención, sin embargo, que, lejos de haber alzado esta su más enérgica voz de protesta, como sí lo han hecho, por ejemplo, diversidad de medios internacionales, haya optado más bien por guardar un sospechoso silencio cómplice; un inexplicable y condenable silencio que, paradojas de la vida, habla, y muy bien, de sus prioridades.
De hecho, ¿será posible que la casi totalidad de la prensa peruana haya preferido pasarse días enteros dándole amplísima cobertura a la “altruista” campaña para recolectar cabello, el mismo que dizque se utilizaría para limpiar el mar del petróleo derramado, como si del meollo del asunto se tratara? ¿Somos acaso los peruanos tan imbéciles como para no darnos cuenta de que con la campañita de marras esa lo único que se buscaba era alejar la atención de la población respecto de lo que en verdad interesaba, esto es, de la determinación del grado de responsabilidad de Repsol? ¿Es el Perú tan poca cosa, que puede una petroquímica contaminar su mar de la manera más impune que alguien se podría imaginar, y que encima se pretenda que sea su propia población la que se encargue de limpiarlo? ¿Estaría sucediendo lo mismo si, en lugar de haber pasado en el Perú, el desastre hubiese ocurrido en algún país del primer mundo? ¡Pero si estas cosas solo pasan aquí!
Como sea, resulta urgente que la sociedad civil organizada comience a tomar cartas en el asunto para exigir a las autoridades competentes las máximas sanciones para los responsables del todavía incalculable daño ambiental producido en el mar peruano. Y cuando hablamos de la determinación de responsabilidades nos referimos, naturalmente, no solo a las correspondientes a quienes las poseen de manera directa, llámese Repsol, por ejemplo, sino también a aquellos que, por omisión, por inacción, por incompetencia, no fueron capaces de responder como debían, esto es, tanto el Ejecutivo como el Legislativo.
Y es que por más que después hayan salido a rasgarse las vestiduras y a decir que no permitirían que las cosas se quedaran así, lo cierto es que su reacción fue tardía. Al punto de que no existen especialistas en la materia que no coincidan en que, si se hubiese actuado a tiempo para evitar que el derrame de petróleo se extendiera por gran parte del litoral peruano, las consecuencias del desastre ambiental habrían sido de lejos inferiores a las que lamentablemente acabaron siendo. De ahí que insistamos en que las responsabilidades también tengan que ser políticas. ¿Dónde estaba el ministro del Ambiente cuando se precisaba que el Perú elevase su más enérgica voz de protesta por los hechos suscitados? ¿Tenía, acaso, cosas más importantes que hacer en lugar de ocuparse de salir a defender los intereses del país? Resulta evidente que para llenarse la boca diciendo que lo que su gobierno defiende son los intereses del país, el señor Castillo es el número uno. Sin embargo, a la hora de la hora, le tiemblan las piernas, le faltan los pantalones.
