La trama de las investigaciones del Ministerio Público en torno a las finanzas de Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, ha dado un giro inesperado con la aparición del nombre de Laura Bozzo. La conocida presentadora, actualmente residente en México y con un pasado judicial en Perú por presunta recepción de fondos de Vladimiro Montesinos, se ve ahora envuelta en esta nueva controversia que podría tener consecuencias legales. La investigación busca determinar la naturaleza y legitimidad de los movimientos de dinero relacionados con el entorno de Hurtado.
Según la investigación publicada por El Comercio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que Orangel Enrique Ortega Tovar, chofer de Hurtado, realizó un depósito de 9.427 dólares a la cuenta de Bozzo en el Wells Fargo Bank el 11 de febrero de 2022, un dato que ha encendido las alarmas de las autoridades y generado interrogantes sobre la relación entre la presentadora y el círculo cercano al controvertido personaje de la televisión peruana.
La amistad entre Hurtado y Bozzo, quienes se consideraban como hermanos, añade un elemento de interés a este entramado. Bozzo ha declarado públicamente su disposición a colaborar con la justicia peruana, afirmando que no ha recibido notificación formal pero que viajará al país para declarar si es requerida. Su justificación para el depósito es que se trata del pago por una entrevista que concedió a ‘Chibolín’, señalando que desconocía el origen de los fondos y que no le corresponde investigar a quien le realiza un pago por sus servicios profesionales.
No obstante, la situación se complica al conocerse que Orangel Ortega Tovar, el remitente del dinero, estaría siendo investigado como presunto testaferro de Andrés Hurtado. Bozzo afirma no conocer a Ortega y desestima la relevancia del origen de los fondos, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre su posible involucramiento, aunque sea de manera indirecta, en actividades ilícitas. Su actitud desafiante y sus comentarios sobre el sistema judicial peruano han exacerbado la polémica.
Mientras tanto, el abogado penalista Andy Carrión ha señalado que Hurtado habría utilizado la técnica del ‘pitufeo’ para enviar dinero a sus hijas, Josetty y Génnesis Hurtado, en Estados Unidos, lo que agrava su situación legal y podría involucrar a sus hijas en la investigación como presuntas testaferros. Carrión enfatiza que las hijas debieron presumir el origen de los fondos debido a la falta de sustento en las actividades de su padre.
En este contexto, la fiscal suprema adjunta Alejandra Cárdenas ha sido removida de las investigaciones contra ‘Chibolín’, mientras que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ha planteado la destitución y denuncia penal de la jueza Paola Valdivia Sánchez por presuntamente recibir obsequios de Hurtado. Por su parte, el abogado de ‘Chibolín’ ha solicitado el archivo de la investigación por tráfico de influencias, argumentando que el delito en cadena no está contemplado en la legislación peruana. El caso sigue abierto y promete nuevos capítulos en el futuro cercano, con implicaciones que podrían alcanzar a diversas figuras del ámbito público.
