El Congreso de la República cerró el 2024 como una de las instituciones más rechazadas por los peruanos, compartiendo los últimos puestos de aprobación junto a la presidenta Dina Boluarte. Según un informe de Ricardo Mc Cubbin para Infobae, más del 90% de la población desaprueba la labor del Parlamento. Este nivel de rechazo, que socava su legitimidad, se ha intensificado debido a la aprobación de leyes y reformas que han sido duramente cuestionadas tanto por ciudadanos como especialistas. Entre las medidas más polémicas se encuentran cambios en materia ambiental, política, electoral y de seguridad ciudadana.
Ley 6951 y el rechazo internacional
Una de las normativas más controversiales fue el proyecto de ley 6951, que buscaba “precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”. Esta norma fue criticada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Corte IDH, por ejemplo, dictó medidas provisionales relacionadas con las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales fue condenado el exdictador Alberto Fujimori. La Corte exigió al Estado peruano que no adoptara ni diera vigencia a esta iniciativa, pero el Congreso decidió ignorar estas disposiciones.
Normas sobre seguridad y protestas sociales
En julio, el Parlamento aprobó la Ley 5981, que modificaba la tipificación de organización criminal y excluía más de 50 delitos. Esta decisión generó descontento entre gremios de transportistas, quienes convocaron un paro indefinido en Lima Metropolitana. Las protestas se intensificaron tras el anuncio de tipificar el delito de “terrorismo urbano”, el cual, según los manifestantes, contribuiría al aumento de la delincuencia.
Aunque el Congreso intentó calmar las aguas aprobando una norma que creaba el delito de criminalidad sistemática, la medida no fue suficiente para satisfacer a los transportistas. “La derogación inicial de la flagrancia criminal fue un error que minó nuestra confianza en el Legislativo”, señaló un dirigente transportista.
Reforma del sistema previsional de las AFP
En el ámbito económico, el Congreso reformó el sistema previsional, haciendo obligatoria la afiliación a las AFP desde los 18 años y estableciendo una pensión mínima de S/600. Sin embargo, esta medida fue ampliamente cuestionada. “Es un subsidio disfrazado para las AFP, que no incluye a los informales ni a quienes tienen ingresos bajos,” comentó Noelia Bernal, investigadora de la Universidad del Pacífico.
La polémica Ley ‘Antiforestal’ y la minería informal
El Congreso también fue objeto de críticas por la aprobación de la Ley 31973, conocida como la Ley ‘Antiforestal’. Según el abogado ambientalista César Ipenza, “esta norma genera incentivos para la deforestación y la apropiación de tierras, en perjuicio del medio ambiente”. La aprobación de esta ley coincidió con incendios forestales en la Amazonía, atribuidos en gran parte a malas prácticas agrícolas.
En noviembre, el Parlamento amplió por seis meses el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado para regularizar la minería informal pero que, según especialistas, se ha convertido en un facilitador del lavado de dinero para la minería ilegal.
Reformas políticas y su impacto electoral
Entre las reformas políticas más controvertidas destaca la ampliación de miembros del Tribunal Constitucional (TC) de siete a nueve. Según Ruth Luque, congresista del Bloque Democrático Popular, esta medida tiene motivaciones políticas y busca “controlar decisiones contrarias a la mayoría parlamentaria”. Además, se aprobó la reforma constitucional que reintroduce la bicameralidad desde las elecciones generales de 2026. Aunque este sistema fue rechazado en un referéndum durante el gobierno de Martín Vizcarra, el Congreso decidió implementar la medida sin consultar nuevamente a la población.
Extinción de dominio y derechos de propiedad
En el último mes del año, el Congreso modificó la Ley de extinción de dominio, estableciendo que los bienes utilizados por organizaciones criminales solo podrán ser confiscados tras una condena firme. “Esto pone en riesgo procesos clave como el caso Odebrecht,” advirtió el Ministerio Público. Por otro lado, el constitucionalista Aníbal Quiroga argumentó que la ley podría violar derechos fundamentales: “La propiedad es inviolable, según el artículo 70 de la Constitución, y esta norma abre la puerta a abusos.”
