La migración pendular, un fenómeno que se creía superado, resurge con fuerza en el continente americano. Familias venezolanas, tras invertir todos sus recursos y esperanzas en alcanzar una vida mejor en el norte, se ven ahora obligadas a emprender un peligroso retorno a su país, golpeado por una profunda crisis económica y social.
Según la investigación publicada por The New York Times, en un reportaje de Annie Correal, este regreso masivo, aunque en números relativamente bajos comparados con el flujo migratorio inicial, es un indicativo preocupante del impacto de las políticas restrictivas y la desesperación que embarga a estos migrantes.
El relato de Junior Sulbarán, quien junto a su familia recorrió miles de kilómetros desde Venezuela hasta Ciudad de México, es representativo de esta realidad. La contundente advertencia de la administración Trump, personificada en Kristi Noem, entonces Secretaria de Seguridad Nacional, sobre la persecución a quienes ingresaran ilegalmente al país, caló hondo en la comunidad migrante. Esta disuasión, combinada con la promesa de $1,000 por la “autodeportación voluntaria”, impulsó a muchos a considerar el retorno.
Sin embargo, este regreso no es un camino fácil. Más de 10,000 venezolanos han tomado embarcaciones desde Panamá hacia Colombia desde enero, según cifras oficiales panameñas, evidenciando una nueva ruta migratoria hacia el sur. Estas travesías marítimas, lejos de ser seguras, exponen a los migrantes a riesgos como robos, secuestros y condiciones climáticas adversas. Además, muchos carecen de documentos de viaje válidos, ya sea por su pérdida en la travesía o por la dificultad para obtenerlos en Venezuela debido a la escasez de consulados.
Expertos como Juan Cruz, ex asesor de Trump para Latinoamérica, advierten que la administración, al enfocarse únicamente en la disuasión, ignora las enormes barreras que enfrentan los migrantes para regresar. La falta de recursos económicos, las deudas contraídas para el viaje inicial y la hostilidad del gobierno venezolano hacia quienes emigraron son obstáculos significativos.
La situación se agrava para los venezolanos, quienes se sienten particularmente señalados por las políticas de la administración estadounidense. La eliminación de protecciones migratorias y el envío de presuntos pandilleros a prisiones en El Salvador han generado un clima de temor y desconfianza. En Texas, autobuses repletos de venezolanos emprenden el camino de vuelta, temiendo ser detenidos por tatuajes o separados de sus hijos. En México, la competencia por un lugar en los vuelos a Caracas es feroz y desesperada. En Panamá, operadores de barcos ofrecen traslados precarios a través del Darién, cobrando sumas elevadas a migrantes desesperados.
Una vez que llegan a Colombia, estos migrantes se enfrentan a la explotación por parte de grupos criminales que controlan la frontera. Pagan precios exorbitantes por alimentos, agua y un lugar para dormir. La directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, describe esta región como una “mina de oro” para los criminales. A pesar de las dificultades y peligros, muchos venezolanos planean volver a intentar una vida mejor fuera de su país, demostrando la persistencia de la crisis y la búsqueda incesante de un futuro más próspero.
