La administración Trump, en su segundo mandato, ha iniciado una etapa de intensa actividad en la política económica. Despidos masivos en agencias federales, amenazas arancelarias tanto a aliados como a adversarios, y negociaciones complejas para lograr la aprobación de un presupuesto republicano en un Congreso muy dividido, marcan el comienzo. Este escenario se desarrolla en un contexto de incertidumbre económica global, con el FMI proyectando un crecimiento mundial moderado para los próximos años, lo que añade presión sobre la política económica interna.
Según la investigación publicada por The New York Times, líderes empresariales e inversores corporativos se muestran confiados en que la situación se resolverá favorablemente, al menos para sus intereses. Jason Pride, estratega jefe de inversión e investigación en Glenmede Trust Company, señaló que “los mercados no están mostrando mucha preocupación”.
Sin embargo, esta aparente calma podría ser efímera. La potencial extensión de los recortes fiscales promulgados durante el primer mandato de Trump, que beneficiaron principalmente a empresas y a individuos de altos ingresos, se encuentra en el centro del debate. Diversos grupos de presión, como Business Roundtable y la National Association of Wholesaler-Distributors, confían en que esta extensión se materializará, argumentando que no hacerlo implicaría un aumento de impuestos.
La aritmética fiscal, no obstante, presenta desafíos significativos. Se estima que la extensión de estos recortes fiscales podría sumar un total de $4 billones de dólares en un plazo de 10 años. Esta cifra obligaría al Congreso a buscar alternativas para ahorrar o recaudar fondos, lo que inevitablemente generaría debates sobre posibles recortes en beneficios federales y programas sociales. La deuda nacional de Estados Unidos ya supera los 34 billones de dólares, lo que añade complejidad al análisis del impacto fiscal de estas medidas.
El mercado de bonos, sensible tanto a las presiones inflacionarias como a los riesgos de recesión económica, ha mostrado momentos de inquietud ante el estilo de negociación de Trump en materia de aranceles. La percepción generalizada es que estas amenazas arancelarias funcionan más como una herramienta geopolítica que como una fuente significativa de ingresos para el Estado, a pesar de que la administración haya presentado los aranceles como un componente clave en las discusiones presupuestarias.
Parte de la tranquilidad que se observa en Wall Street se atribuye a la confianza depositada en el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Bessent, un exgestor de fondos de cobertura multimillonario, ha logrado convencer a muchos analistas de que las políticas finales que emanen de la Casa Blanca serán, en última instancia, beneficiosas. Según Matt Luzzetti, economista jefe de Deutsche Bank, Bessent “también ha generado cierto optimismo en torno a la reducción de los déficits” en futuros presupuestos, a pesar del panorama actual.
