El titular de la Defensoría del Pueblo, José Gutiérrez, señaló que su institución evaluará el proyecto urbano vinculado a la laguna Viña del Río, en Huánuco, tras escuchar cuestionamientos relacionados con un posible impacto ecológico y eventuales vulneraciones a derechos ciudadanos. Durante una entrevista, Gutiérrez sostuvo que toda iniciativa pública debe formularse en concordancia con los instrumentos de planificación, como el plan de desarrollo urbano y el plan socioambiental, los cuales —según afirmó— no pueden ser ignorados desde la concepción de un proyecto.
José Gutiérrez hizo énfasis en la dimensión ecológica que, según afirmó, caracteriza a la laguna Viña del Río. En su declaración, mencionó que la historia ambiental de Huánuco registra la llegada de aves migratorias a esa zona, y señaló que las aguas del lugar habrían servido para sostener un sistema de control biológico, a través de sapos y sapitos, que ayudaría a reducir la presencia de mosquitos en el entorno urbano. Estos elementos, afirmó, deben ser considerados dentro de cualquier proyecto que busque intervenir el área.
Gutiérrez sostuvo que proyectos con impacto directo sobre sistemas ecológicos no pueden diseñarse únicamente desde criterios arquitectónicos, como si se tratara de una construcción doméstica. En su opinión, cada componente natural forma parte del proyecto y debe ser evaluado por equipos especializados. En ese sentido, no solo enfatizó el enfoque ambiental, sino también la necesidad de una mirada técnica y multidisciplinaria, según expresó en respuesta a las preocupaciones planteadas por el periodista.
Equilibrio ambiental
De acuerdo con su declaración, la prioridad de cualquier intervención estatal debe enfocarse en el “bienestar común”, entendido como la convivencia con sistemas ecológicos que permiten equilibrio ambiental. En ese marco, expresó que el desarrollo urbano no puede imponerse de manera “grosera” mediante “fierro y cemento”, sino que debe integrar criterios ambientales y técnicos que reduzcan impactos sobre el entorno, según explicó.
Gutiérrez indicó que la Defensoría del Pueblo tiene competencia para supervisar actuaciones gubernamentales, ya sean del gobierno central, regional o local, y sostuvo que su rol es garantizar que la población no se sienta vulnerada. En esa línea, afirmó que, si se identifican incumplimientos de normas técnicas básicas y elementales, su institución “accionará de manera inmediata”, de acuerdo con su declaración.
El titular defensorial también señaló que su equipo ingresará a revisar la documentación desde el lunes, con la finalidad de recopilar expedientes, someterlos a evaluación y determinar qué componentes tiene el proyecto. Según explicó, solo con esa revisión técnica podría pronunciarse con rigurosidad respecto a si la intervención está “mal o bien” planteada.
Reconoce acción ciudadana
El defensor del pueblo también se refirió a la existencia de organización social en torno al caso. En la entrevista, se le mencionó que habría un colectivo ciudadano y una demanda planteada, además de información remitida a entidades como SENACE y el Ministerio del Ambiente. Frente a ello, Gutiérrez sostuvo que es importante que asociaciones y colectivos no se sientan vulnerados y reiteró que la Defensoría del Pueblo debe actuar como un actor clave en el control gubernamental, de acuerdo con su postura.
En ese contexto, expresó que la ciudadanía debe acostumbrarse a que la Defensoría cumple un rol de supervisión sobre la gestión pública, ya que su finalidad es proteger a la población frente a posibles afectaciones derivadas de proyectos o decisiones administrativas. Además, indicó que si existen proyectos específicos que los ciudadanos o la prensa conozcan y consideren preocupantes, la institución está dispuesta a revisarlos como parte de su trabajo, según manifestó.
