La extorsión se ha convertido en un flagelo que asola a Perú, transformando la otrora pacífica vida de sus ciudadanos. Los relatos de violencia y temor son cada vez más frecuentes, con bandas criminales que imponen su ley a través de amenazas y ataques directos contra negocios y personas.
Según la investigación publicada por The New York Times, la situación ha escalado a niveles alarmantes, afectando la economía nacional y generando una sensación de inseguridad generalizada entre la población peruana.
Jorge Tejada, un empresario dedicado al reciclaje en Lima, es un claro ejemplo de esta realidad. En el estacionamiento cercano a su negocio, inspeccionaba los restos carbonizados de un autobús, incendiado durante la noche como represalia de una banda que extorsiona a las empresas de transporte locales. Tejada, de 50 años, ha perdido la cuenta de cuántos ataques similares han ocurrido en su vecindario en el último año, incluyendo ataques con explosivos a bodegas y balaceras contra restaurantes. Su propio negocio fue incendiado después de negarse a pagar una extorsión mensual de $530 dólares. La situación es tan grave que un farmacéutico fue asesinado a tiros en su tienda y varios propietarios han optado por esconderse.
El incremento de la criminalidad es innegable. Las denuncias por extorsión a nivel nacional han experimentado un aumento exponencial desde 2017, pasando de unos pocos cientos al año a más de 2,000 mensuales en el presente año, según cifras de la Policía Nacional. Paralelamente, el número de asesinatos por sicarios también ha crecido significativamente. Las exigencias de pagos por “protección” llegan a las víctimas a través de mensajes de WhatsApp, notas manuscritas o visitas personales, y el incumplimiento se castiga con ataques con dinamita, incendios provocados o asesinatos a manos de sicarios en motocicletas.
Esta epidemia de criminalidad ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las autoridades, lo que amenaza con convertir a Perú, un país tradicionalmente tranquilo en Latinoamérica, en una fuente de inestabilidad regional. El Banco Central ha alertado que la extorsión está afectando negativamente la actividad económica, y los expertos señalan que contribuye al aumento de la migración. En lo que va del año, dos periodistas han sido asesinados a tiros en público y, en enero, se detonó dinamita en la oficina de un fiscal regional, dejando a dos personas heridas. En marzo, sicarios acribillaron el autobús de una popular banda de cumbia, asesinando a su vocalista, Paul Flores. Estos hechos evidencian la audacia y el alcance de las organizaciones criminales.
La respuesta del gobierno, a través de la declaración de estados de emergencia, no ha logrado contener la ola delictiva. La presidenta Dina Boluarte ha sugerido que el aumento de la criminalidad está relacionado con la llegada de migrantes venezolanos, aunque no existen pruebas que confirmen que cometen delitos en mayor proporción que los peruanos. Mientras tanto, el ministro del Interior y la Policía han rechazado las solicitudes de entrevista sobre este tema. La presidenta Boluarte ha prometido una campaña más dura contra los grupos criminales, pero las medidas implementadas hasta el momento no han tenido el impacto esperado.
Jesús Maldonado, alcalde del distrito más grande de Lima, San Juan de Lurigancho, con más de 1.2 millones de habitantes, lamenta la escasez de recursos para combatir la delincuencia, ya que solo cuenta con 600 policías, una cifra muy inferior a la de distritos más acomodados. Maldonado señala que los criminales están atacando las zonas más vulnerables debido a la impunidad que allí existe. Erika Solis, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, indica que la violencia se intensificó con la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando los confinamientos obligaron a los delincuentes a cambiar el robo por la extorsión a través de WhatsApp. La investigadora puntualiza que la inestabilidad política, la corrupción y los constantes cambios de gobierno en los últimos años han debilitado la capacidad del Estado para brindar seguridad a sus ciudadanos. Perú ha tenido cinco presidentes en los últimos cinco años.
