Debido a la informalidad y corrupción con la que opera la gran mayoría de instituciones del Estado, podemos advertir que algunos pueblos y sectores, con mayor frecuencia, exigen se cumpla con sus derechos en base a toma de locales, manifestaciones y toda clase de protestas. Ya lo vimos el año pasado con la huelga del magisterio, cuando el Sutep logró mejores remuneraciones, cambios en la currícula y mayor transparencia en concursos, o el caso de los agricultores de papa en Huánuco y otras provincias.
Esto nos trae al tapete la protesta masiva realizada en Marañón, donde la población en pleno exige al Gobierno Regional y al Ministerio Público el cambio inmediato de sus representantes y funcionarios. La población demanda investigación y sanción para los corruptos y no protección y archivamiento de las denuncias como al parecer ha estado ocurriendo tanto en la fiscalía como en la UGEL. Ronderos, profesores y población en general dijeron que no dejarán las instalaciones de la fiscalía y de la UGEL mientras no sean atendidos sus reclamos.
Lamentablemente, este tipo de protestas se están haciendo más seguidas como resultado de la repulsión que existe ante tantos actos de corrupción e impunidad a favor de funcionarios y políticos. No es para nada coincidencia que el Congreso de la República haya alcanzado un 70 % de desaprobación y la mayoría del pueblo pide que se disuelva. La gente está cansada de ver cómo estas personas siguen delinquiendo, enriqueciéndose ilícitamente, postulando a cargos políticos o incluso siendo elegidos, para continuar haciendo más de los mismo: robar y dejar a sus comunidades en la completa ignorancia y subdesarrollo.
Entendemos que todos nosotros debemos ser respetuosos de la institucionalidad, pero también entendemos que gracias a estos “funcionarios” corruptos, se está generando este tipo de escenarios.



