La soberanía marítima peruana se encuentra en el centro del debate público tras la reciente firma del Tratado de Alta Mar, también conocido como BBNJ (por sus siglas en inglés), por parte de la presidenta Dina Boluarte en Francia. Este acuerdo internacional busca la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas que se extienden más allá de las jurisdicciones nacionales, es decir, a partir de la milla 201 desde la costa. En Perú, la ratificación de este tratado ha generado controversia, especialmente desde sectores del Congreso que temen una posible afectación a la soberanía nacional y a los intereses económicos ligados a la actividad pesquera.
Según la investigación publicada por El Comercio, el embajador en retiro Nicolás Roncagliolo, quien fuera director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos de la Cancillería, ha salido al frente para aclarar las dudas y desmentir las acusaciones de “entreguismo” vertidas por algunos parlamentarios.
Roncagliolo enfatiza que el Tratado de Alta Mar, en ningún caso, implica una cesión de soberanía por parte del Estado peruano sobre su dominio marítimo, establecido hasta las 200 millas náuticas según la Constitución y la legislación nacional. Subraya que el acuerdo BBNJ solo aplica a la zona de altamar, donde no existe una legislación de estado costero específica y donde la cooperación internacional es vital para la gestión sostenible de los recursos y la protección del medio ambiente marino. En este sentido, el ex director de Soberanía destaca que Perú ya cuenta con áreas marinas protegidas dentro de su jurisdicción, como la dorsal de Nazca, sin que esto haya supuesto una merma en su soberanía.
El diplomático ha respondido a las críticas de un sector del Congreso, especialmente de Perú Libre, que califican la firma del tratado como un “acto de entreguismo” que busca imponer los objetivos de la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) y reducir el territorio marítimo peruano a 12 millas. Roncagliolo es tajante al afirmar que estas acusaciones carecen de fundamento. Remarca que Perú participa en este acuerdo como un país que no es parte de la CONVEMAR, al igual que Colombia y Estados Unidos, manteniendo intacta su situación jurídica dentro de su dominio marítimo.
Una diferencia clave entre el Tratado de Alta Mar y la CONVEMAR radica en su alcance. Mientras que la Convención del Mar establece una serie de medidas y espacios marítimos, el Tratado de Alta Mar se centra exclusivamente en la zona que va más allá del dominio marítimo, donde priman los intereses de la comunidad internacional en la regulación de las rutas de especies migratorias y la gestión de recursos compartidos. Es crucial comprender, según Roncagliolo, que este es un acuerdo esencialmente ambiental, fruto de años de negociación con la participación de sectores especializados del Estado peruano, como Producción, Ambiente y Defensa. Este proceso serio y profesional, según el embajador, requiere una base científica y tecnológica sólida para su correcta comprensión y evaluación.
En relación con la preocupación expresada por gremios empresariales como ADEX, SNI, Comex Perú y la Sociedad Nacional de Pesquería sobre posibles efectos negativos en la seguridad alimentaria y el empleo formal, Roncagliolo insta a una mayor coordinación e información para emitir opiniones sustentadas. Argumenta que la creación de áreas protegidas en altamar no solo beneficia a las especies de esa zona, sino también a las que se encuentran dentro de las 200 millas del Estado peruano. Además, destaca que Perú ha logrado incorporar un elemento importante en la negociación: la participación en los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, utilizados en diversas industrias, asegurando así un reparto justo.
Finalmente, Roncagliolo señala que el siguiente paso es la coordinación entre el gobierno y el Congreso para la ratificación del acuerdo. En un contexto de debilitamiento de los organismos internacionales, considera que la aprobación de este tratado en el ámbito de los océanos es fundamental para reforzar el rol de los organismos multilaterales en la protección de los recursos marinos. A su juicio, es crucial que Perú adopte una política diplomática oceánica que defienda sus intereses marítimos tanto dentro como fuera de las 200 millas, abordando desafíos globales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
