La ruta del dinero

Escribe: Sigrid Bazán (La República)
¿Qué hace Keiko Fujimori hablándole a PPK sobre corrupción? ¿Qué hace ella hablando del Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuando no quiso aceptar la investigación que la DEA le seguía a Joaquín Ramírez? Qué tal raza. Ahora, la vaga excusa del fujimorismo es la más cara de palo que podríamos imaginar: si se cometieron delitos relacionados a actos de corrupción durante el gobierno de Fujimori con respecto a los casos que actualmente se investigan, lo más probable es que estén prescritos. ¿Acaso por ello dejan de ser delitos o se convierten en menos importantes? ¿Acaso tendremos que obviar los US$ 615 millones por los que empresas involucradas en el caso Lava Jato contrataron durante los 90, solo porque Keiko lo dice?
Lamentablemente, aún no hay sustento legal para mandar preso a ningún pez gordo, pero varios sabemos que a buen entendedor, pocas palabras. La chamba de Nadine Heredia y ahora el poder para que la prima se lleve a los hijos, el conveniente viaje de Alejandro Toledo, nada es fortuito. Varios andan preocupados y no es para menos.
Sin embargo, el futuro de estas investigaciones está en manos del Ministerio Público. Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao… todos estos casos deberán también ser investigados en nuestro país cuando corresponda, con la misma premura que en el resto del mundo.
En Colombia, el ex viceministro de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, ya fue detenido por la policía gracias a la investigación de la Fiscalía colombiana; lo mismo sucedió con el ex senador Otto Bula quien también estaría siendo acusado por recibir sobornos en ese mismo país. De hecho, según el Diario Estadao de Sao Paulo, en casi tres años de investigación, la Operación Lava Jato tiene acuerdos de colaboración internacional con 37 países y 159 acuerdos ya formalizados.
En nuestro país, varios informes periodísticos han sacado a la luz temas que van desde sobrevaloraciones, hasta incumplimiento de manuales, guías de ingeniería, entre otros. Uno de estos informes fue publicado por el periodista Jonathan Castro en Sin Medias Tintas, gracias a los datos de la Contraloría: existirían ocho grandes irregularidades cometidas durante la construcción del tramo 3 de la Interoceánica Sur, en donde están involucradas varias empresas, entre ellas, Odebrecht y Graña y Montero.
¿Lo fundamental en nuestro país? Encontrar la ruta del dinero. No solo pedir juicio político para todos los corruptos, sino también que la vía penal castigue a los responsables. Mientras tanto, quedan varios pendientes, entre ellos, exigir mecanismos de transparencia para el ciudadano de a pie (¿cuántos millones paga el Estado peruano por el PAMO –Pago Anual por Mantenimiento de Obra– cada año en estos casos?) y fortalecer nuestro sistema de justicia. ¡No más impunidad!