La electrificación del transporte, un pilar clave en la lucha contra el cambio climático, se enfrenta a vientos de frente en Estados Unidos. La aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley fiscal impulsado por los Republicanos pone en jaque la expansión del mercado de vehículos eléctricos (VE) al eliminar incentivos cruciales que han impulsado su crecimiento en los últimos años. Esta decisión política se contrapone a las tendencias globales, donde China y Europa lideran la adopción de vehículos eléctricos, y podría retrasar significativamente los objetivos de reducción de emisiones del país.
Según la investigación publicada por The New York Times, el proyecto de ley, de ser ratificado por el Senado y promulgado por el Presidente Trump, supondría un duro golpe para la industria de vehículos eléctricos en Estados Unidos, frenando su producción y venta, y obstaculizando los esfuerzos globales para combatir el cambio climático.
La propuesta legislativa contempla la eliminación de subsidios destinados a la fabricación de baterías, incentivos para la compra de vehículos eléctricos tanto para particulares como para empresas, y fondos para la instalación de estaciones de carga, programas que fueron aprobados durante la administración Biden. Además, se pretende imponer una nueva tasa anual a los propietarios de vehículos eléctricos. Los líderes Republicanos argumentan que estos subsidios beneficiaban principalmente a compradores de altos ingresos y que los fondos ahorrados se destinarían a reducciones de impuestos, principalmente para hogares y empresas de altos ingresos. Un dato contextual relevante es que en 2024, el sector automotriz representó el 3% del PIB estadounidense, según datos de la Oficina de Análisis Económico.
Si bien los vehículos eléctricos no desaparecerán de los concesionarios si la ley entra en vigor, es probable que su precio aumente considerablemente. Esto podría llevar a algunos fabricantes a reconsiderar o posponer sus planes de inversión en nuevas fábricas de vehículos y baterías, afectando el crecimiento del empleo en el sector. La eliminación del crédito fiscal de $7,500 para la compra o arrendamiento de vehículos eléctricos, que expiraría a finales de año para la mayoría de los modelos, elevaría aún más los precios, sumándose a los aranceles del 25% impuestos por la administración Trump a los automóviles y autopartes importadas. Además, la imposición de una tarifa anual de $250 a los propietarios de vehículos eléctricos, supuestamente para compensar la pérdida de ingresos por impuestos a la gasolina, superaría con creces los impuestos sobre el combustible que pagan los conductores de vehículos convencionales. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el transporte es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.
Expertos en políticas ambientales advierten que la legislación propuesta por los Republicanos resultaría en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y una mayor contaminación del aire urbano. La eliminación de incentivos podría poner en desventaja a Estados Unidos en la competencia tecnológica de vehículos eléctricos frente a China, que domina la cadena de suministro de estos vehículos. La “Inflation Reduction Act” de 2022, impulsada por los Demócratas y que los Republicanos buscan derogar, tenía como objetivo financiar la construcción de fábricas en Estados Unidos para competir con China. Esta iniciativa legislativa podría significar la pérdida de 130,000 empleos en Estados Unidos para 2030, según un estudio del International Council on Clean Transportation.
Aunque algunos analistas esperan que las ventas de vehículos eléctricos sigan creciendo debido a la mejora de la tecnología de baterías y la reducción de precios, la derogación de los incentivos podría reducir significativamente su cuota de mercado. Investigaciones sugieren que para 2030, los vehículos eléctricos podrían representar el 24% de las nuevas ventas de automóviles en lugar del 40% proyectado si se mantuvieran los incentivos. El retraso en la adopción de vehículos eléctricos también podría afectar la independencia energética del país, que actualmente importa cerca de 7 millones de barriles diarios de petróleo crudo, según la Administración de Información Energética (EIA).
La legislación también afectaría a las fábricas y proyectos mineros que dependen de incentivos para la fabricación de baterías y la extracción de materias primas como el litio. Las restricciones al uso de tecnología china podrían dificultar la competitividad de los fabricantes estadounidenses. La situación en el Senado es incierta, ya que algunos Republicanos han expresado reservas sobre la derogación total de la “Inflation Reduction Act”, especialmente porque gran parte de los fondos de esa ley se dirigen a estados donde Trump obtuvo la mayoría de votos. El resultado final dependerá de las negociaciones políticas y la presión ejercida por los diferentes grupos de interés.
