La política de drogas en Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión, con propuestas contradictorias que buscan, por un lado, endurecer las penas para los traficantes y, por otro, recortar fondos destinados a la prevención y el tratamiento de adicciones. Este enfoque dual genera preocupación entre expertos en salud pública, quienes temen que las medidas punitivas propuestas por la administración Trump socaven los esfuerzos para combatir la creciente crisis de sobredosis, especialmente por opioides sintéticos como el fentanilo.
Según la investigación publicada por The New York Times, las prioridades presupuestarias de la administración Trump contrastan marcadamente con los avances logrados en la reducción de muertes por sobredosis, generando incertidumbre sobre el futuro de los programas de apoyo a personas con adicciones.
Trump ha expresado repetidamente su deseo de aplicar la pena de muerte a los narcotraficantes, describiendo sus acciones como «actos atroces». El ex mandatario llegó a firmar una orden ejecutiva designando a los cárteles como «organizaciones terroristas extranjeras», buscando así aplicarles medidas más severas. Sin embargo, esta estrategia de «mano dura» se contrapone con la reducción de financiamiento a programas de salud pública destinados a tratar la adicción, un problema que afecta a millones de estadounidenses. El presupuesto propuesto por la administración Trump busca eliminar más de mil millones de dólares destinados a servicios nacionales y regionales de tratamiento y prevención. Esta decisión impactaría directamente a la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA), la principal agencia federal encargada de abordar el problema del consumo de drogas.
La SAMHSA ya ha sufrido recortes de personal significativos bajo la administración Trump y se planea fusionarla con la nueva «Administración para una América Saludable», cuyo alcance es mucho más amplio que la salud mental y el abuso de sustancias. Además, las posibles reducciones a Medicaid, impulsadas por los republicanos en el Congreso, podrían dejar a millones de personas sin acceso a tratamiento, tanto para iniciar como para continuar su recuperación.
Expertos en salud pública advierten que estos recortes son especialmente preocupantes, ya que se producen en un momento en que el país está logrando avances significativos en la reducción de muertes por fentanilo. Factores como la mayor disponibilidad de naloxona, el aumento de camas de tratamiento y la disminución de la potencia de las drogas ilícitas han contribuido a esta mejora. Sin embargo, aún no se ha determinado con certeza cuáles de estos factores son los más importantes, lo que hace que la reducción de fondos sea especialmente arriesgada. Según la encuesta anual de la agencia federal sobre consumo de sustancias, en 2023, 27.2 millones de estadounidenses mayores de 12 años tenían un trastorno por consumo de drogas, 28.9 millones tenían un trastorno por consumo de alcohol y 7.5 millones tenían ambos.
Aunque el presupuesto mantiene las subvenciones globales para que los estados combatan la adicción y las enfermedades mentales, la falta de financiación adicional, la capacitación práctica y el monitoreo de la agencia, sumados a las posibles reducciones de Medicaid, podrían impedir que los estados costeen los servicios médicos y sociales necesarios para prevenir y tratar la adicción. El presupuesto también propone poner fin a las subvenciones para la «reducción de daños», una estrategia para prevenir la transmisión de enfermedades y mantener con vida a los consumidores de drogas, que ha sido ampliamente aceptada por los proveedores de tratamiento de adicciones.
El presupuesto critica el apoyo financiero federal para «actividades peligrosas calificadas como ‘reducción de daños'», que incluyen la financiación de «kits y suministros para fumar de forma segura» y «jeringas» para consumidores de drogas. Este lenguaje recuerda a informes falsos de 2022 que afirmaban que una subvención federal de 30 millones de dólares para la reducción de daños podría utilizarse para comprar pipas para fumar crack y metanfetamina. En realidad, una pequeña parte de esa subvención, destinada a «kits para fumar de forma más segura», era para suministros como toallitas con alcohol y bálsamo labial. La subvención también apoyaba programas en estados que permiten el intercambio de jeringas estériles, lo que resulta eficaz para reducir las tasas de infección por hepatitis C y VIH.
