La temporada de lluvias en la región Huánuco ha dejado en evidencia, una vez más, la fragilidad de nuestra infraestructura vial, especialmente en los distritos más alejados. A medida que se aproxima el inicio del año escolar, esta situación se torna crítica. Estudiantes y docentes deben enfrentarse a puentes deteriorados y caminos intransitables para llegar a sus centros educativos, exponiéndose a riesgos innecesarios.
Este problema no es nuevo ni exclusivo de esta región. Las comunidades han elevado reiteradamente sus pedidos a las autoridades regionales, a la Dirección de Transportes y Comunicaciones, y a otras instancias competentes, sin obtener respuestas efectivas. El olvido estatal no solo afecta la conectividad, sino también el derecho a la educación, la salud y el desarrollo económico de miles de familias campesinas.
Las carreteras precarias impiden a los agricultores trasladar sus productos a los mercados, lo que afecta su economía de subsistencia y limita el abastecimiento de alimentos en las ciudades. Es un ciclo que refleja no solo la falta de infraestructura, sino también la ausencia de voluntad política y planificación a largo plazo.
Frente a este abandono, las comunidades organizadas han optado por realizar labores de limpieza por cuenta propia, con el apoyo eventual de empresas privadas. Sin embargo, estos esfuerzos, por valiosos que sean, no suplen la responsabilidad del Estado. Como reacción a esta desatención, algunas organizaciones están convocando paros regionales, una medida que, aunque trae consigo retrocesos, responde a la necesidad urgente de ser escuchados.
Es vital que estas protestas se mantengan dentro de un marco pacífico, evitando enfrentamientos innecesarios. Pero también es justo reconocer el derecho de los ciudadanos a exigir lo que por ley les corresponde: acceso digno a vías de comunicación, salud, educación y servicios básicos.
No se trata de culpar únicamente a ministros o funcionarios. Este es un problema estructural que exige decisiones ejecutivas firmes desde el más alto nivel del gobierno. La presidenta Dina Boluarte tiene una deuda pendiente con las regiones olvidadas. La magnitud del cargo que ocupa demanda respuestas inmediatas y concretas.
Esperamos que con la llegada de abril, no solo mejore el clima, sino también la atención del Estado hacia estos pueblos que, a pesar de todo, continúan luchando por su derecho a una vida digna.
