Según la investigación publicada por El Comercio, la modificación en el tipo de procedimiento concursal que Telefónica del Perú busca implementar ha generado interrogantes sobre la verdadera salud financiera de la empresa y las motivaciones detrás de esta estrategia.
Expertos en derecho concursal, como Álvaro Castro Lora de Damma Legal Advisors, cuestionan la idoneidad de la figura preventiva para la situación actual de Telefónica. Castro Lora argumenta que la empresa ya presenta signos claros de insolvencia, evidenciados por las pérdidas acumuladas, el patrimonio neto negativo y las dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras inmediatas. Este punto de vista contrasta con la naturaleza del procedimiento preventivo, diseñado para empresas con problemas proyectados, pero no necesariamente actuales.
La elección del proceso preventivo, según analistas, podría ser una táctica para ganar tiempo y mantener el control de la administración, evitando que los acreedores asuman un rol más activo en la toma de decisiones, como ocurriría en un proceso concursal ordinario. En el esquema preventivo, Telefónica propondría un plan de refinanciación, dando a los acreedores la opción de aprobarlo o rechazarlo, pero sin la capacidad de intervenir directamente en la gestión de la empresa o forzar una liquidación. La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) está monitoreando de cerca la situación para proteger los intereses de los inversionistas.
Francisco Barrón, socio de DPP Abogados, matiza esta interpretación, señalando que la empresa aún podría cumplir con los requisitos legales para acogerse al proceso preventivo, siempre y cuando las deudas vencidas y las pérdidas acumuladas no superen un tercio de sus obligaciones totales y capital. Barrón considera que esta vía podría ser percibida como menos arriesgada para el mercado que una potencial liquidación directa. Sin embargo, ambos especialistas coinciden en que, si los acreedores rechazan el plan de refinanciación propuesto por Telefónica, el proceso preventivo podría revertirse en un concurso ordinario.
Un aspecto crucial del concurso preventivo es la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones financieras, que implica la detención de pagos forzosos, embargos y ejecuciones desde la publicación oficial en el boletín concursal. Si bien este beneficio es similar al del procedimiento ordinario, la principal diferencia radica en que el rechazo del plan de refinanciación conduce automáticamente al proceso ordinario, abriendo la posibilidad a una reestructuración o liquidación. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) podría intervenir para mitigar el impacto en la estabilidad financiera.
La controversia se intensifica con la reciente venta de acciones de Telefónica del Perú a Integra Tec sin previa consulta a los acreedores, lo que ha motivado acciones legales por parte de inversionistas institucionales. Si bien esta operación podría no infringir directamente la ley concursal antes de la instalación formal de una junta de acreedores, genera desconfianza en el mercado. Un grupo de AFP y aseguradoras han presentado una demanda de amparo buscando que las decisiones sobre el futuro de la empresa se tomen en el ámbito de una junta de acreedores, cuya audiencia está programada para el 26 de marzo.
El caso de Doe Run Perú, con sus múltiples etapas de reestructuración y liquidación, sirve como un precedente preocupante. La situación de Telefónica presenta desafíos únicos debido a su tamaño, el número de usuarios y empleados involucrados, lo que complica cualquier decisión drástica. En el corto plazo, el impacto en los usuarios podría ser limitado, pero la incertidumbre podría generar una migración gradual de clientes, afectando los ingresos de la empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. La clave para evitar la liquidación, según los expertos, reside en la capacidad de Telefónica para convencer a sus acreedores sobre la viabilidad de su operación y demostrar su compromiso de permanencia en el país.
