La gestión congresal actual se ve envuelta en controversia tras la creación de nuevos cargos con sueldos elevados, generando debate sobre la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Este tipo de decisiones siempre levantan suspicacias en la ciudadanía, especialmente en un contexto de demandas sociales apremiantes y la necesidad de optimizar el gasto estatal. La aprobación de esta medida se suma a una serie de eventos que han puesto en el ojo de la tormenta la labor del Congreso.
Según la investigación publicada por El Comercio, la Mesa Directiva del Congreso, liderada por Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), aprobó el Acuerdo 028-2024-2025/MESA-CR, estableciendo el puesto de jefe de gabinete de asesores para el personal de confianza y las bancadas con más de once integrantes, apenas dos meses después de asumir funciones.
La decisión ha causado sorpresa, ya que el nivel remunerativo asignado, SP-12, es el más alto para un asesor congresal, alcanzando los S/19.300 mensuales. Hasta la fecha, nueve personas han sido designadas en esta función, distribuidas entre la presidencia, las vicepresidencias y las bancadas con el número requerido de congresistas. Entre las bancadas beneficiadas se encuentran Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular. Es importante recordar que el presupuesto del Congreso es financiado con los impuestos de todos los peruanos.
Antes de este acuerdo, el salario máximo para el personal técnico era de S/15.000, correspondiente al nivel SP-10. Con esta modificación, el Congreso destina más de S/170.000 al mes a estos nuevos cargos, lo que representa un gasto anual superior a los S/2’000.000. Adicionalmente, se elevó la jerarquía de otros tres asesores, incrementando la planilla mensual en S/37.500. Este gasto se da en un contexto donde la imagen del congreso está en sus niveles más bajos de aprobación.
La designación de los jefes de gabinete también ha generado controversia, pues muchos de ellos son excongresistas o tienen vínculos políticos con las bancadas, algunos incluso con denuncias públicas o involucrados en casos judiciales. Por ejemplo, Salhuana designó a Saby Meza Malqui, implicada en una denuncia por presunta intercesión a favor de un empresario minero. Por su parte, Perú Libre designó a Clever Untiveros Lazo, relacionado con el caso de Los Dinámicos del Centro, lo cual resalta la conexión entre el poder político y las investigaciones judiciales en curso.
El acuerdo 028 no contó con un estudio técnico previo que justificara la necesidad o el impacto de estas modificaciones. Tampoco se ha publicado un informe de impacto presupuestal ni el sustento para la variación de las escalas salariales. Esto ha generado críticas sobre la falta de transparencia y la posible discrecionalidad en la toma de decisiones. Legisladores de bancadas no beneficiadas, como Acción Popular y congresistas no agrupados, han expresado su desconocimiento o rechazo al acuerdo, cuestionando su legitimidad y pertinencia. La situación genera preguntas sobre los criterios de asignación de recursos y la rendición de cuentas en el Congreso.
A pesar de los intentos del medio por obtener una respuesta, la Mesa Directiva no ha ofrecido una explicación sobre la creación y el incremento presupuestal del cargo. Días antes del cierre del informe, un asesor de Salhuana adelantó que no se pronunciaría sobre el tema, evidenciando una falta de voluntad para transparentar la decisión y rendir cuentas a la ciudadanía.
