El sistema judicial peruano da un paso significativo en la era digital con la promulgación de la Ley 32314, que actualiza el Código Penal para abordar la creciente amenaza de delitos cometidos mediante inteligencia artificial (IA) y tecnologías afines. La norma, publicada este martes en el boletín de Normas Legales, introduce modificaciones cruciales en el Código Penal, el Decreto Legislativo 635 y la Ley 30096, también conocida como Ley de Delitos Informáticos. Esta adaptación legislativa busca combatir el uso indebido de la IA en actividades ilícitas, un desafío que exige una respuesta legal proactiva a nivel global.
Según la investigación publicada por El Comercio, la legislación responde a la necesidad de regular el impacto de la inteligencia artificial en la comisión de delitos, un fenómeno en aumento a nivel mundial.
La Ley 32314 se enfoca en la intervención en casos específicos donde la IA se utiliza para perpetrar crímenes como la pornografía infantil, la difamación, la estafa, el plagio y la violación de derechos de autor. Se destaca la modificación del Artículo 46 del Código Penal, que ahora considera como agravante el uso de la IA o tecnologías similares en la ejecución de cualquier delito.
Un aspecto particularmente relevante es la atención que se presta a la pornografía infantil, tipificando explícitamente el uso de “deepfakes” generados mediante IA como una forma agravada de este delito. Las penas para estos casos se endurecen, estableciendo una privación de libertad no menor de seis ni mayor de diez años. Este enfoque refleja la creciente preocupación por la manipulación digital y su potencial para crear contenido abusivo y perjudicial.
En el contexto de la difamación, la ley amplía el alcance del Artículo 132 para incluir la difusión de información falsa o denigrante a través de la IA, considerando agravante el daño a la reputación o la imagen de una persona. Las penas para este delito oscilan entre uno y tres años de prisión, lo que subraya la importancia de proteger la integridad personal en el entorno digital.
La clave de la reforma reside en el artículo 2 de la Ley 32314, que incorpora el numeral 5 al artículo 11 de la Ley 30096, la Ley de Delitos Informáticos. Esta modificación permite a los jueces aumentar la pena privativa de libertad hasta en un tercio por encima del máximo legal establecido para cualquiera de los delitos previstos en la ley, cuando se compruebe el uso de la inteligencia artificial para su comisión.
Es crucial señalar que esta actualización legislativa se alinea con las tendencias internacionales en la regulación de la IA y los delitos cibernéticos. La legislación comparada muestra que muchos países están explorando o implementando medidas similares para hacer frente a los desafíos legales y éticos que plantea la inteligencia artificial. Además, la entrada en vigor de esta ley coincide con un debate global sobre la necesidad de establecer marcos regulatorios más sólidos para la IA, que equilibren la innovación con la protección de los derechos fundamentales. Expertos en derecho penal y tecnología han aplaudido la iniciativa, pero también han advertido sobre la necesidad de una aplicación cuidadosa y una capacitación adecuada para los operadores judiciales, a fin de garantizar la justicia y evitar errores en la interpretación y aplicación de la norma.
