La desinformación, amplificada por las redes sociales, se ha convertido en un desafío mayúsculo para las autoridades en el Reino Unido. Un reciente informe parlamentario denuncia que la legislación actual, diseñada para proteger la imparcialidad de los jurados, impide a la policía corregir eficazmente noticias falsas, exacerbando así los disturbios y la tensión social.
Según la investigación publicada por The New York Times, la legislación británica, concebida en una era pre-digital, se muestra incapaz de responder a la velocidad y alcance de la información errónea que se difunde a través de plataformas como Facebook, Twitter (ahora X), e Instagram.
El detonante de esta revisión legislativa fue la ola de violencia que sacudió varias ciudades inglesas el verano pasado. Tras el brutal ataque en Southport, donde un joven asesinó a tres niñas en una clase de baile inspirada en Taylor Swift, las redes sociales se inundaron de acusaciones falsas que identificaban al agresor como un inmigrante musulmán indocumentado. Esta narrativa, propagada por grupos de extrema derecha, incitó a disturbios y actos vandálicos.
El informe de la Comisión de Asuntos Internos del Parlamento revela que la tardanza de las autoridades en desmentir las falsedades permitió que éstas se afianzaran en la opinión pública. La legislación vigente, que busca evitar la contaminación de posibles jurados con información extrajudicial, impidió que la policía pudiera refutar las acusaciones de manera oportuna y contundente. Para cuando la policía anunció públicamente que el autor del crimen era británico, la desinformación ya había calado hondo en la sociedad.
El autor de la masacre, Axel Rudakubana, fue condenado a cadena perpetua. Nacido y criado en el Reino Unido en el seno de una familia cristiana originaria de Ruanda, Rudakubana no actuó motivado por una ideología política o religiosa, sino por una obsesión con la violencia, según determinó el juez durante el juicio. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: la percepción pública, distorsionada por la desinformación, alimentó el odio y la división.
La Comisión de Asuntos Internos, tras meses de audiencias con jefes de policía, funcionarios del gobierno y personal de emergencias, subraya la urgente necesidad de adaptar la legislación a la realidad del siglo XXI. Se ha planteado la creación de un protocolo de comunicación rápida para contrarrestar la desinformación en situaciones de crisis, sin comprometer la integridad de los procesos judiciales. Este debate se suma a la creciente preocupación global sobre el impacto de las redes sociales en la polarización política y la erosión de la confianza en las instituciones.
