La justicia tarda, pero llega: El caso de Luis Picón

El congresista Luis Picón ha sido sentenciado en la Corte Superior de Huánuco. Durante casi una década, Picón intentó ocultar evidencias y eludir la justicia, enfrentando acusaciones constitucionales y compareciendo ante el Congreso por denuncias que datan de 2011 a 2014.

El pasado lunes 3 de este mes, Picón fue condenado por el delito de negociación incompatible. Según el fiscal, adjudicó obras sin presupuesto y las pagó sin cumplir con los requisitos de supervisión, un claro acto de corrupción que perjudicó al Estado por más de 86 millones de soles. La sentencia incluye cuatro años de prisión suspendida y una multa de $100,000 como reparación civil al Estado. Además, el juez ha decidido inhabilitarlo por tres años.

Aunque es muy probable que el proceso judicial se prolongue debido a la apelación presentada por Picón, es crucial que los huanuqueños mantengamos la esperanza y la confianza en el sistema judicial. La corrupción no debe quedar impune, y aquellos que han perjudicado a nuestra región deben rendir cuentas por sus acciones.

La mala gestión de Picón no solo afectó las finanzas públicas, sino que también tuvo un impacto devastador en la vida de muchas personas. La construcción de escuelas y la culminación del hospital de Tingo María se vieron gravemente afectadas. Picón, en su rol de gobernador, incrementó el presupuesto para el hospital, pero nunca lo concluyó, dejando a la comunidad sin un recurso vital.

Es fundamental que la justicia siga su curso y que el 14 de este mes se lea la sentencia completa. Los huanuqueños merecemos ver a quienes traicionan nuestra región enfrentando las consecuencias de sus actos. La corrupción no solo es un delito contra el Estado, sino también una traición a la confianza de la gente.

Se requiere más transparencia en la Gestión Pública por parte de las autoridades. Asimismo, educación y conciencia ciudadana, se debe de fomentar la educación cívica y la participación ciudadana para que la comunidad esté informada y pueda exigir rendición de cuentas. Por supuesto, fortalecer el sistema judicial, asegurando que cuente con los recursos y la independencia necesaria para actuar con eficacia y sin presiones externas.