La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha manifestado formalmente su desacuerdo con el procedimiento disciplinario iniciado por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) a través de su Comisión de Ética. Este proceso se deriva de la investigación preliminar que la JNJ emprendió contra Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, y otros cuatro magistrados supremos. Este choque institucional ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la independencia de los poderes del Estado y la autonomía de los órganos de control en Perú.
“…según la investigación publicada por El Comercio”, la JNJ ha calificado este accionar del CAL como una potencial intromisión en sus funciones constitucionales, señalando que la investigación a Tello responde al cumplimiento de un deber funcional de rango constitucional, y no a una falta ética. La posición de la JNJ, explicitada en un comunicado firmado por su presidente, Gino Ríos, plantea interrogantes sobre los límites de la supervisión ética y la independencia funcional entre instituciones.
La JNJ sostiene que el inicio de una investigación por presuntas irregularidades contra la presidenta del Poder Judicial y otros jueces supremos está dentro de sus atribuciones constitucionales. Subrayan que este tipo de acciones son cruciales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema judicial, pilares fundamentales para la confianza ciudadana en las instituciones. En este contexto, consideran inaceptable que el CAL pretenda evaluar el cumplimiento de sus deberes constitucionales, lo que, a su juicio, equivaldría a un control indebido sobre sus funciones.
Adicionalmente, la JNJ ha expresado su preocupación por lo que considera una “parcialización” por parte del Consejo de Ética del CAL y su decano. Esta preocupación surge a raíz de una visita que realizaron a Janet Tello días antes del inicio del proceso disciplinario contra los miembros de la JNJ, así como por las declaraciones emitidas en el comunicado que confirma dicho proceso. Según la JNJ, estas acciones sugieren un posible sesgo que compromete la objetividad del proceso disciplinario.
La institución ha sido enfática al señalar que su actuación en este caso no debe interpretarse como un acto de corrupción o politización. Insisten en que se trata de un acto funcional legítimo, enmarcado en su mandato constitucional de supervisar y sancionar a los jueces y fiscales. En este sentido, consideran que cualquier intento de obstaculizar o cuestionar este tipo de investigaciones representa un atentado contra la independencia y la autonomía de la JNJ.
La JNJ enfatiza que la defensa de una autoridad, por más alta que sea, no debe interferir en el cumplimiento de las funciones disciplinarias que le corresponden. Recuerdan que la independencia judicial es esencial para el Estado de Derecho y que el respeto a la autonomía de los órganos de control es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. El caso plantea un debate sobre el equilibrio entre la autonomía institucional y la supervisión ética en el ámbito judicial.
