La minería ilegal en el Perú, un problema complejo que involucra no solo la extracción no autorizada de minerales sino también graves consecuencias ambientales y sociales, ha vuelto al centro del debate político. El Congreso de la República se encuentra discutiendo una propuesta legislativa que busca modificar la normativa sobre la pequeña minería y la minería artesanal, generando controversia y acusaciones de favorecer actividades ilícitas.
Según la investigación publicada por El Comercio, congresistas, principalmente de bancadas de izquierda, están impulsando con fuerza la aprobación de un predictamen de la Comisión de Energía y Minas, conocido como la nueva Ley MAPE, a pesar de las advertencias de expertos y gremios sobre sus potenciales efectos negativos. Este esfuerzo se ha visto marcado por maniobras parlamentarias cuestionables y acusaciones de presiones indebidas.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y el abogado especialista en derecho ambiental, César Ipenza, han alertado que la propuesta legislativa podría legitimar la minería informal e ilegal, facilitando la impunidad de quienes operan al margen de la ley. Esta preocupación se centra en que la nueva ley podría suavizar los requisitos para la formalización, permitiendo que mineros ilegales se registren como informales y accedan a beneficios sin cumplir con los estándares ambientales y sociales necesarios.
La polémica se intensificó debido a la forma en que se está gestionando la discusión del predictamen. El presidente de la Comisión de Energía y Minas, el congresista Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), convocó a una sesión extraordinaria tras la finalización del periodo legislativo ordinario, lo que generó críticas y acusaciones de querer forzar la aprobación de la ley sin el debido debate y escrutinio. Expertos en derecho parlamentario, como Alejandro Rospigliosi y Martín Cabrera, han cuestionado la legalidad de esta maniobra, argumentando que el pleno del Congreso no sesionará hasta fines de julio y que la Comisión Permanente tiene una agenda ya definida.
Durante la sesión extraordinaria, la congresista Nilza Chacón (Fuerza Popular) presentó una cuestión previa para suspender el debate y postergarlo hasta la próxima legislatura, la cual fue aprobada por mayoría. Sin embargo, el presidente de la comisión se negó a acatar la decisión, argumentando una interpretación controvertida del Reglamento del Congreso. Esta actitud fue calificada como una manipulación del reglamento y una falta de respeto a la voluntad de la mayoría de los miembros de la comisión.
Además, el congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial) realizó una declaración que fue interpretada como una amenaza velada contra los congresistas que se oponen a la aprobación del predictamen. Paredes sugirió que los legisladores de las regiones mineras podrían enfrentar represalias por parte de los mineros informales si no apoyaban la ley. Estas palabras generaron indignación y reforzaron las acusaciones de que se están ejerciendo presiones indebidas para aprobar la ley.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence el 30 de junio, es otro punto crítico en este debate. La ampliación de este registro, que permite a los mineros informales operar mientras tramitan su formalización, está en manos del Ejecutivo. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ha asegurado que cualquier prórroga se realizará con sustento técnico y jurídico, buscando minimizar su responsabilidad en la controversia.
