La corrupción en la adjudicación de obras públicas sigue siendo un flagelo en Perú, como lo demuestra la reciente quinta condena en el caso Lava Jato, específicamente por los sobornos pagados por Odebrecht para obtener los contratos de los tramos 1 y 2 de la Línea Uno del Metro de Lima durante el gobierno de Alan García. Este caso resalta la necesidad de mecanismos de control más rigurosos y la urgencia de fortalecer la independencia del Poder Judicial para evitar la impunidad.
Según la investigación publicada por El Comercio, este fallo, si bien representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción, se ve empañado por la fuga del principal acusado, el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, quien abandonó el país días antes de conocerse la sentencia.
La condena a 21 años y 8 meses de prisión para Cuba, así como para otros implicados, como Mariella Huerta y Edwin Luyo, por los delitos de colusión y lavado de activos, se suma a las ya dictadas contra figuras de alto nivel como los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Perú se posiciona así como uno de los países de la región con mayores avances en el procesamiento de los casos vinculados a Odebrecht, empresa que admitió haber pagado millones de dólares en sobornos para asegurar contratos en diversas obras de infraestructura.
Sin embargo, la fuga de Cuba, quien salió del país por la frontera con Ecuador, pone en evidencia las deficiencias del sistema judicial y migratorio peruano. Este hecho se suma a la lista de prófugos de la justicia que incluye a la ex primera dama Nadine Heredia, asilada en Brasil, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el exministro Juan Silva, todos ellos investigados por presuntos actos de corrupción. La impunidad percibida ante la fuga de estos personajes genera desconfianza en la ciudadanía y socava la credibilidad de las instituciones.
El caso del Metro de Lima, uno de los que destapó el escándalo de Odebrecht en Perú, se remonta a 2017, cuando la fiscalía peruana comenzó a investigar los presuntos sobornos a funcionarios por diferentes proyectos. Las investigaciones apuntaron rápidamente a Jorge Cuba y a los miembros del comité de selección de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima, quienes habrían favorecido a Odebrecht y a su socia Graña y Montero a cambio de pagos ilícitos que superaron los 8 millones de dólares. La colaboración eficaz de Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, y Carlos Nostre, exdirector de contratos de la constructora, fue clave para corroborar la tesis fiscal y señalar a Cuba como el principal articulador del esquema de sobornos.
La sentencia, dictada por el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, consideró probado que hubo irregularidades en las licitaciones de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima, destinadas a favorecer a Odebrecht como parte de un “acuerdo colusorio”. Se determinó que Cuba tuvo una participación “activa” y realizó “coordinaciones” con los miembros de los comités de selección. Además, se comprobó el pago de “contrapartidas” por parte de la constructora brasileña a través de empresas offshore y cuentas bancarias en Andorra.
